El reciente fallo de tutela que involucra al presidente del Senado, Efraín Cepeda, y a la senadora María José Pizarro, ha abierto un nuevo capítulo en la tensión entre las ramas del poder público. Aunque el fallo en sí no ordena reabrir votaciones ni anula procesos legislativos, su trasfondo sí revela un deterioro institucional más profundo: el uso político de los procedimientos y la reinterpretación interesada de las decisiones judiciales.

Lo que resolvió la jueza fue claro: si una senadora interpone un recurso de apelación en el marco de una plenaria, ese recurso debe recibir respuesta formal y oportuna. Así de sencillo. No se trata de repetir una votación ni de declarar nulo el resultado del 14 de mayo, cuando se hundió la consulta popular del Gobierno. Pero esa precisión jurídica ha sido distorsionada por discursos políticos, comenzando por el del propio presidente Gustavo Petro.

El mandatario afirmó que el fallo “tutela nuestro derecho a la consulta” y aseguró que “hubo fraude”, declaraciones que no tienen sustento en el texto de la sentencia. En lugar de fortalecer el camino institucional, el presidente optó por narrar una victoria simbólica que no ocurrió en el expediente judicial. Y si bien es comprensible que un gobierno en minoría parlamentaria busque apoyarse en la ciudadanía, reinterpretar un fallo para justificar una consulta por decreto bordea peligrosamente la extralimitación de funciones.

Cepeda, por su parte, respondió que ya había contestado la apelación de Pizarro, aunque lo hizo días después de la interposición. Su defensa se basa en la supuesta extemporaneidad del recurso y en que no versaba sobre una decisión suya, sino sobre una votación general. La jueza, sin embargo, no entró en ese detalle: simplemente exigió una respuesta formal. Si esta ya se había dado antes del fallo, el cumplimiento debe limitarse a enviar copia y constancia. Fin del asunto. Pero ni la Presidencia del Senado ni el Ejecutivo parecen conformes con respetar el alcance real del fallo.

Lo preocupante aquí no es el fallo en sí, sino su manipulación. La tutela ha sido convertida en un trofeo político por parte del Gobierno y en una supuesta prueba de legalidad por parte de la oposición. Ambos extremos ignoran lo esencial: este no es un litigio sobre la reforma laboral ni sobre la consulta popular, sino sobre el respeto al procedimiento parlamentario.

La senadora Pizarro tiene razón en exigir garantías para ejercer su función legislativa; el presidente del Senado tiene el deber de responder sus recursos, incluso si los considera improcedentes. Pero el presidente de la República no tiene atribuciones para convertir una tutela individual en una convocatoria electoral por decreto. Esa facultad, como bien lo señala la Constitución, sigue siendo del Congreso.

En últimas, lo que este episodio deja al descubierto es una crisis de confianza institucional. Cuando cada decisión judicial es reinterpretada para alimentar narrativas políticas, el verdadero debate democrático se pierde. Hoy no estamos discutiendo una reforma laboral, sino quién tiene el poder de decidir, a costa incluso de las reglas que juraron respetar.