En Colombia, las balas a menudo se adelantan a los argumentos. El reciente atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay ha dejado algo más que esquirlas: un tenso cruce de narrativas entre la Fiscalía, el presidente Gustavo Petro y una opinión pública cada vez más desconfiada.

En las audiencias contra los primeros capturados por el ataque —entre ellos alias ‘Gabriela’, un menor de edad y dos hombres más—, la fiscal del caso dejó caer una afirmación explosiva: el atentado tendría móviles políticos. La declaración, revelada por Noticias Caracol, apuntaba a que el senador fue blanco por ser opositor, precandidato presidencial y una voz crítica frente al actual gobierno.

Era cuestión de horas para que esa declaración generara respuestas. El presidente Petro, a través de su cuenta de X, desestimó esa línea de investigación como “una hipótesis aún no confirmada” y aseguró que los autores materiales pertenecen al “microtráfico bogotano”, sin conexión probada con sectores políticos. El mandatario también lanzó una frase que merece atención: “Peor aún, no se sabe qué interés político tendría el verdadero asesino”.

Aquí hay dos verdades que incomodan. La primera: si fue un intento de asesinato por razones políticas, estaríamos ante una amenaza gravísima para la democracia colombiana. Y la segunda: si no lo fue, pero desde la Fiscalía se adelantan versiones prematuras en ese sentido, estaríamos ante una irresponsabilidad institucional de consecuencias igual de profundas.

El hecho de que se use a menores de edad como sicarios, que haya evidencias de coordinación y seguimiento, y que el senador hubiera reportado riesgo sin mayor respuesta de la UNP, también habla de un ecosistema que normaliza la violencia política o instrumentaliza los vacíos del Estado para criminalidad común.

Por ahora, el país se enfrenta a tres escenarios igualmente preocupantes: un atentado político silenciado, un caso de microtráfico con móviles camuflados o un atentado utilizado para fines de polarización.

La justicia debe hablar con evidencias, no con suposiciones. Pero el gobierno no puede responder con negaciones automáticas. Entre la prudencia de una investigación en curso y el deber de proteger la vida de los contradictores, hay una línea muy delgada que no se debe cruzar: la de la indiferencia.

Colombia ya tiene suficiente historia escrita con plomo como para permitirse errores de diagnóstico. En este momento, más que consignas, necesitamos respuestas —y garantías— claras para todos los que hacen política desde el disenso. Porque si hoy fue Miguel Uribe, mañana puede ser cualquiera. Y eso no es una hipótesis: es historia reciente.