Una joven de 22 años, sin título universitario, con antecedentes laborales en una ONG poco conocida y con escasa trayectoria pública, ha logrado instalarse en el corazón del poder político colombiano. Su nombre es Juliana Guerrero, y el escándalo que hoy protagoniza tiene todos los ingredientes de un caso de abuso de poder, tráfico de influencias y uso indebido de bienes del Estado.

El 20 de junio de 2025, Juliana Guerrero y su hermana Verónica abordaron un helicóptero Bell 212 de la Policía Nacional desde Valledupar hacia Aguachica, supuestamente para cumplir una «misión secreta» relacionada con el orden público. Esa fue la versión que inicialmente sostuvieron el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Sin embargo, una investigación de la revista CAMBIO revela otra verdad: las hermanas Guerrero viajaron para participar en una sesión del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC), en busca de una reforma estatutaria que les permitiría controlar la rectoría de la institución.

Un uso privado de recursos públicos

El plan de vuelo, las fotos institucionales, los testimonios y las actas oficiales confirman que Juliana Guerrero utilizó un avión y un helicóptero de la Policía para asistir a una reunión universitaria. En ese encuentro, se discutía modificar los estatutos que prohíben la reelección inmediata del rector. Lo que estaba en juego no era la seguridad nacional, como afirmaron sus superiores, sino el poder burocrático y presupuestal de una universidad con más de 170 mil millones de pesos al año.

Las hermanas Guerrero no solo movilizaron aeronaves de la Policía, sino que fueron acompañadas por aliados estratégicos: René Hernández, director de Consulta Previa del Ministerio del Interior, y José Carlos Pérez Yancy, miembro del Consejo Superior y cercano al clan Gnecco.

Ministro en aprietos

La revelación tomó por sorpresa al ministro Benedetti. Consultado por CAMBIO, primero defendió el viaje como parte de una misión confidencial. Pero al enfrentarse a las pruebas, reculó: “No joda, ella me había dicho que el viaje era para una misión encomendada y secreta para un asunto de seguridad nacional. Juliana nunca me informó que ese traslado era para asistir a una reunión en una universidad”.

A pesar del uso irregular de recursos públicos y de haber engañado a su jefe directo, no se conocen sanciones contra Guerrero. ¿Cómo es posible que una funcionaria tan joven tenga la capacidad de movilizar helicópteros policiales sin control alguno?

¿Quién es Juliana Guerrero?

Juliana Guerrero ocupa el cargo de secretaria ejecutiva del despacho del ministro del Interior, posición que no exige título profesional. También ha sido asesora, contratista y jefa (e) de Gabinete Presidencial. A pesar de su influencia, aún aparece registrada en el SISBEN como persona de pobreza moderada, lo que le permitiría acceder a beneficios sociales. Esto, mientras reside en uno de los edificios más exclusivos de Chapinero Alto y mantiene una red de aliados con nexos políticos y contractuales.

Una historia de ascenso meteórico y silencio institucional

Esta historia muestra no solo una falta de transparencia en el uso de los bienes del Estado, sino también un vacío de control político. Ni el ministro del Interior ni el presidente Petro han dado explicaciones suficientes. Las instituciones no han actuado con celeridad, y el Congreso ha guardado un sospechoso silencio.

Mientras tanto, Juliana Guerrero continúa ejerciendo poder en las sombras, con acceso directo a los despachos más influyentes del país, y sin responder por sus actos. La pregunta que queda es: ¿hasta dónde llegará esta red de poder construida sin méritos, pero con la venia del poder presidencial?

LLAMADO A INVESTIGACIÓN:
La Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía tienen en sus manos una oportunidad clave para marcar un precedente contra el uso personalista de los recursos públicos. Si este caso queda impune, el mensaje es claro: el Estado está al servicio de quienes logren llegar a sus pasillos, no importa cómo.