Un fallo de primera instancia emitido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a siete exdirectivos de la empresa Banadex S.A., filial de la multinacional Chiquita Brands, por haber financiado al paramilitarismo entre 1996 y 2004. La decisión no solo impone penas de prisión y millonarias multas, sino que también cuestiona duramente la actuación de la Fiscalía General de la Nación en este proceso.

La jueza Diana Lucía Monsalve halló culpables a tres exgerentes generales de Banadex: Charles Dennis Keiser (EE.UU.), José Luis Valverde Ramírez (Costa Rica) y Álvaro Acevedo González (Colombia); así como a los colombianos Reinaldo Elías Escobar De Hoz, Víctor Julio Buitrago Sandoval, y a los excontralores John Paul Olivo (EE.UU.) y Fuad Alberto Giacoman Hasbún (Honduras). Cada uno fue sentenciado a 11 años de prisión y multado con más de 13.800 millones de pesos.

Según el fallo, estas personas autorizaron o permitieron pagos sistemáticos al Bloque Bananero de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), liderado por Raúl Emilio Hasbún, a través de las llamadas cooperativas de vigilancia «Convivir», a razón de tres centavos de dólar por cada caja de banano exportada.

Críticas a la Fiscalía

Uno de los aspectos más llamativos de la sentencia es el fuerte señalamiento que hace la jueza Monsalve a la Fiscalía. Según la decisión, el ente acusador se limitó a procesar a mandos medios sin avanzar en la investigación contra los altos directivos de Chiquita Brands en Estados Unidos, quienes habrían autorizado las transferencias desde la casa matriz en Cincinnati.

“La Fiscalía debió haberse tomado la molestia de vincular a los principales directivos de Chiquita Brands (…), fueron los que autorizaron a la filial para que efectuara los pagos”, se lee en la sentencia. También advierte que la Fiscalía “renunció a la persecución penal de los otros responsables por la incapacidad de individualizarlos y hacerlos comparecer”.

La jueza también critica la mezcla de argumentos usada por el ente investigador, que en algunas partes del proceso confundió a Banadex con Banacol, una empresa nacional que compró activos de Chiquita Brands en 2004. Tres ejecutivos de Banacol fueron absueltos en este mismo fallo por falta de pruebas y por errores procesales.

Convivir como mecanismo de financiación

El fallo destaca que las Convivir, aunque eran legales en su momento, sirvieron como fachada para canalizar recursos hacia grupos paramilitares. La sentencia indica que los ejecutivos de Banadex actuaron con “ceguera deliberada” al no verificar la naturaleza de estas cooperativas y al continuar realizando pagos incluso cuando sabían que esos fondos estaban llegando a estructuras ilegales.

Contexto del caso

La investigación comenzó en 2007, luego de que Chiquita Brands aceptara ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber realizado pagos a las AUC. Aunque en 2012 una fiscal pidió archivar el caso, el entonces vicefiscal Jorge Perdomo se opuso. La acusación formal fue presentada en 2018, y confirmada en 2019.

Según los documentos del proceso, el esquema de pagos fue definido en reuniones con líderes paramilitares como Carlos y Vicente Castaño, incluyendo el encuentro conocido como “Montecasino”, donde participaron representantes de Banadex.

El argumento de la defensa, que justificaba los pagos como extorsivos o necesarios para proteger a los empleados, fue rechazado por el juzgado. La sentencia señala que se trató de un acuerdo voluntario, y que, aunque la intención hubiera sido garantizar seguridad, los medios utilizados eran ilegítimos y constituyen responsabilidad penal.

Impacto del fallo

El caso representa un precedente relevante en la lucha contra la financiación empresarial del conflicto armado. También deja abierta la discusión sobre la necesidad de ampliar las investigaciones hacia otros actores de la cadena de mando y sobre los límites de la responsabilidad corporativa en contextos de violencia.

La sentencia aún puede ser apelada, pero ya ha generado reacciones en el ámbito judicial y en sectores de derechos humanos, que ven en este fallo una oportunidad para reabrir el debate sobre la impunidad en casos donde confluyen intereses económicos y crímenes de guerra.