La tormenta política que sacude al Ministerio de la Igualdad se intensifica con la designación de Juliana Guerrero como viceministra de la Juventud. La polémica gira en torno a un presunto título de contaduría obtenido de forma exprés y, peor aún, a la posibilidad de que la funcionaria nunca haya presentado las Pruebas Saber Pro, requisito indispensable para graduarse en Colombia.

La congresista Jennifer Pedraza ha denunciado públicamente las inconsistencias y anunció que llevará el caso a la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de falsedad en documento público.

Un título que apareció de la nada

Hace apenas dos semanas, la hoja de vida de Guerrero no registraba título profesional alguno. De manera sorpresiva, la versión actualizada publicada en el portal de Función Pública ya la acredita como contadora pública de la Fundación de Educación Superior San José.

Sin embargo, la dirección de dicha institución confirmó que no hay registro de la presentación del examen de Estado Saber Pro, requisito indispensable para cualquier estudiante que aspire a graduarse en el país. De ser cierto, su diploma carecería de validez legal.

Posibles delitos y sanciones

Juristas consultados advierten que el caso podría encuadrarse en obtención de documento público falso (pena de 48 a 108 meses de prisión, según el Código Penal) o, en un escenario más grave, en falsedad documental y fraude a la administración pública (hasta 144 meses de cárcel).

De confirmarse estas irregularidades, no solo estaría comprometida Guerrero, sino también la universidad que avaló su título.

La respuesta oficial: acusaciones de hackeo

En medio de la controversia, el Icfes emitió un comunicado asegurando que la ausencia del registro de Saber Pro podría deberse a un “posible hackeo” de su plataforma. Guerrero, aferrada a ese argumento, anunció acciones legales contra Pedraza. Pero la representante contraatacó señalando que “cualquiera puede consultar la información del Icfes en minutos” y que el verdadero escándalo es la manera en que el Gobierno estaría forzando su nombramiento.

Una designación manchada por la politiquería

El caso ha encendido las alarmas sobre cómo se eligen a los altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. Diversos sectores cuestionan que un cargo creado para fortalecer la voz de los jóvenes haya terminado en el centro de un juego de favores políticos vinculados a la rosca del exembajador Armando Benedetti.

A esto se suma el prontuario de polémicas de Guerrero: el uso de aeronaves oficiales para viajes cuestionados en el Cesar y su cercanía con decisiones en la Universidad Popular del Cesar, donde presuntamente buscaba incidir en nombramientos.

Hasta el Gobierno reconoce el costo político

El propio Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) y miembro del gobierno Petro, admitió que la designación de Guerrero representa un desgaste innecesario:

“Creo que no es mi competencia referirme a lo que pase en el Ministerio de la Igualdad (…) pero es una decisión que implica un costo político demasiado alto e innecesario. Entre más la prensa y los sectores critiquen el nombramiento de Juliana Guerrero, más el presidente se va a empecinar en nombrarla”, dijo en entrevista con La W.

Carrillo incluso recordó el caso de Luis Carlos Galán, quien fue ministro de Educación sin tener título universitario, pero advirtió sobre el doble rasero que existe cuando se trata de juventudes populares frente a élites. Sus palabras, lejos de calmar la tormenta, confirmaron que el Gobierno es consciente del costo político que representa sostener este nombramiento.

El rechazo del gremio contable

La Asociación Nacional de Contadores Públicos (ANCP) emitió un duro pronunciamiento en el que advierte que la posible expedición irregular del título de Guerrero constituye un atentado contra la confianza pública y la transparencia institucional.

“El acceso fraudulento al título profesional representa una afrenta contra el gremio y la Revisoría Fiscal, pilares de la confianza en el sistema contable colombiano”, señaló el comunicado, en el que además exigieron al Ministerio de Educación y a los órganos de control iniciar investigaciones inmediatas.

Conclusión

Lo que debía ser un nombramiento para fortalecer a las juventudes se ha convertido en un símbolo del clientelismo y la improvisación gubernamental. La rapidez con la que apareció el título de Guerrero y las versiones contradictorias sobre su validez han puesto en jaque la credibilidad del Ministerio de la Igualdad y, de paso, del propio presidente Petro.

Incluso voces del mismo gobierno reconocen que se trata de un costo político innecesario que golpea la confianza ciudadana. La pregunta de fondo es clara: ¿estamos ante un error administrativo, un favor político disfrazado de meritocracia o un caso de falsedad en documento público?

Mientras tanto, los jóvenes —los supuestos beneficiarios de este viceministerio— siguen siendo los grandes olvidados.