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Duras críticas a Petro por avalar el operativo que dejó siete menores muertos en Guaviare
El país enfrenta una nueva controversia nacional luego de que el presidente Gustavo Petro justificara el bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares contra un campamento de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) en zona rural del Guaviare, operación en la que murieron siete menores de edad, según confirmó Medicina Legal.
El hecho, inicialmente negado por el Gobierno, fue revelado por la Defensoría del Pueblo, que lamentó la muerte de los menores y recordó que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) impone límites estrictos incluso en medio de hostilidades armadas.
“Tomé el riesgo de salvarles la vida”, dijo Petro
En una serie de mensajes publicados en X, Petro afirmó que ordenó la operación para evitar que un grupo de 20 soldados fuera emboscado por cerca de 150 hombres de la estructura de alias “Iván Mordisco”.
“Es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si se deja avanzar a los 150 hombres de Iván Mordisco, emboscan a 20 soldados jóvenes. Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida”, aseguró el mandatario.
Petro señaló que en los 12 bombardeos ordenados durante su gobierno ha exigido “el máximo de inteligencia para evitar muerte de menores”, pero admitió que el reclutamiento forzado incrementa la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes mueran en estas operaciones.
Defensoría contradice al Gobierno y advierte fallas
La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento contundente al señalar que, aunque la responsabilidad original recae en las disidencias por reclutar menores —conducta que calificó como crimen de guerra—, ningún niño debería resultar afectado en operaciones militares, aun cuando se encuentre en campamentos armados.
El organismo recordó que el DIH prohíbe categóricamente utilizar a menores como “escudos humanos”, pero subrayó que las Fuerzas Militares deben adoptar todas las precauciones factibles para evitar su muerte y preguntó si existían otras modalidades operacionales capaces de lograr la misma ventaja militar con menor daño.
Reclutamiento infantil aumenta durante esta administración
Las cifras revelan un agravamiento del problema en el país:
Fiscalía General de la Nación:
604 denuncias de reclutamiento de menores en 2024, un aumento del 43% frente al promedio histórico.Defensoría del Pueblo:
463 menores reclutados durante 2024, incremento del 151% según datos revelados en 2025.
Ambas entidades coinciden en que el reclutamiento infantil está en ascenso y afecta principalmente zonas de fuerte presencia de grupos armados ilegales.
Ola de críticas contra Petro por su cambio de postura
La justificación del presidente desató un fuerte rechazo político y social.
Dirigentes de oposición y voces independientes le recordaron que en el pasado condenó bombardeos con presencia de menores y exigió renuncias ministeriales por hechos similares.
La representante Catherine Juvinao señaló que Petro “traicionó” a quienes confiaron en su mensaje de paz.
Su colega Katherine Miranda calificó como “vergonzosa” la justificación y afirmó que “los niños no mueren por mapas teñidos de rojo, mueren por decisiones mal tomadas”.
La periodista Vicky Dávila recordó que Petro pidió la renuncia de un ministro de Defensa en un caso similar durante el gobierno anterior.
El exministro Mauricio Cárdenas aseguró que la Paz Total “no solo fracasó, también está costando vidas”.
Periodistas como Daniel Coronell y Félix de Bedout también se sumaron a los cuestionamientos sobre la cadena de decisiones que derivó en la muerte de los menores.
El debate sigue abierto
Mientras el Gobierno insiste en que el bombardeo evitó la muerte de soldados que estaban en inminente riesgo, organizaciones de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y sectores políticos exigen explicaciones claras sobre la operación, los informes de inteligencia y las medidas adoptadas para proteger a los menores reclutados.
La muerte de siete niños en Guaviare revive uno de los debates más sensibles del conflicto armado colombiano: ¿cómo equilibrar la acción militar contra grupos ilegales con la obligación del Estado de proteger a los menores reclutados por esas mismas estructuras?
