La compra de 17 aviones Gripen por 16,5 billones de pesos no es solo un error financiero: es un síntoma de algo más profundo y más grave. Un Gobierno que exige transparencia hacia afuera, pero firma uno de los contratos militares más costosos de la historia del país sin entregar un solo documento público, sin estudios conocidos y sin una explicación creíble sobre el precio, que supera en casi un 55% el pagado por Tailandia por aviones del mismo modelo.

El presidente Gustavo Petro ha repetido —una y otra vez— que se trata de una decisión estratégica, que traerá tecnología, offsets y desarrollo social. Pero el país no puede seguir tragando entero. ¿Por qué Colombia pagó más que Tailandia? ¿Por qué no sabemos quién firmó? ¿Por qué no existe un documento oficial que permita revisar el valor real por unidad?
Silencio. Siempre silencio. Y ese silencio, en un Gobierno que prometió “cero corrupción”, se vuelve sospechoso.

El Gobierno se amarra a un contrato que ni siquiera controla

Lo más grave es que Estados Unidos, debido al motor General Electric F414, puede bloquear repuestos o mantenimiento bajo la ley ITAR.
Es decir: Colombia firmó un contrato multimillonario por aviones que dependen de un tercer país que aún no ha dado su visto bueno.
Una irresponsabilidad estratégica monumental.

Firmar sin permisos previos es como comprar un Ferrari y darse cuenta, después de pagar, que el dueño del garaje no le permite sacarlo.

Los offsets no justifican el sobreprecio

El Gobierno insiste en que los costos incluyen transferencias tecnológicas, paneles solares, desalinizadoras y hasta apoyo al hospital San Juan de Dios.
Es decir: compramos aviones para financiar obras civiles que nada tienen que ver con defensa.
Un truco viejo: inflar un contrato militar metiendo proyectos de otra cartera para evitar licitaciones, veeduría y competencia.

Tailandia pagó menos porque ya tenía infraestructura Saab. Colombia no la tiene, sí, pero esa explicación no permite inflar el precio hasta niveles absurdos.
Y menos sin claridad contractual.

Una compra militar sin transparencia es un escándalo esperando estallar

Cada vez que un Gobierno oculta un contrato, el país termina pagando el doble. Ya pasó con Reficar, ya pasó con Hidroituango, ya pasó con Odebrecht.
La historia es clara: los secretos cuestan caro y los sobrecostos no nacen solos.

Hoy, Petro no ha publicado:

• El contrato.

• El desglose del precio.

• La justificación técnica.

• La cláusula de mantenimiento.

• Las condiciones ITAR.

• Las responsabilidades del Ministerio de Defensa.

Nada.

Y un Gobierno que no quiere mostrar papeles siempre tiene razones que no quiere explicar.

El país no puede seguir financiando decisiones tomadas en lo oscuro

El Ejecutivo pretende que Colombia crea que un contrato de 16,5 billones debe aceptarse sin debate. Que pagamos más porque “vienen beneficios sociales”.
Pues no.
Las obras sociales se financian con impuestos, no escondiéndolas dentro de compras militares.

Colombia no necesita aviones más caros. Necesita instituciones más serias.

Este contrato ya es un escándalo, incluso sin haber sido publicado.
Y si el Gobierno sigue ocultando información, será algo peor: un fraude político y fiscal que nos costará décadas.

Cuando un Gobierno esconde un contrato, siempre es porque dentro hay algo que no quiere que vean.
Y aquí, claramente, hay mucho que ver.