La Fiscalía General de la Nación anunció que solicitará la imputación de cargos contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, vinculado al entramado de corrupción que afecta a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión fue confirmada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y será presentada por la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, encargada de coordinar este macroproceso.

Bonilla será imputado por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, según los elementos de prueba recopilados durante la investigación. La imputación se concreta tras la negociación del principio de oportunidad con María Alejandra Benavides, exasesora del exministro, y otras pruebas reunidas por la Fiscalía.

Aunque se prevé la imputación de cargos, por el momento no se contempla ninguna medida de aseguramiento contra Bonilla.

Colaboración clave de María Alejandra Benavides

De acuerdo con la investigación, Benavides habría actuado como enlace entre el Ministerio de Hacienda y la UNGRD para direccionar tres contratos por 92.000 millones de pesos que buscaban beneficiar a seis congresistas, con el fin de facilitar la aprobación de la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno Nacional.

Los contratos habrían estado relacionados con obras en los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar). Entre los congresistas señalados por la Fiscalía se encuentran Wadid Alberto Mansur Inbeb, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Ester Pitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya.

En su declaración, Benavides mencionó un supuesto acuerdo entre Bonilla, el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo, para asegurar la aprobación de créditos internacionales mediante el favorecimiento de senadores y representantes a la Cámara.

Benavides aseguró sentirse utilizada y presionada por Bonilla para autorizar millonarios desembolsos destinados a la UNGRD, que en teoría serían invertidos en obras de contención de inundaciones y mitigación de la erosión por lluvias. Los contratos señalados incluyen:

• Cotorra, Córdoba: 50.000 millones de pesos

• El Salado, Bolívar: 12.356 millones de pesos

• Saravena, Arauca: 30.000 millones de pesos

La Fiscalía prevé presentar formalmente la imputación de cargos este miércoles 26 de noviembre ante el Tribunal Superior de Bogotá.