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En el Tribunal Superior de Bogotá avanzó este lunes la audiencia de imputación contra dos exministros del gobierno de Gustavo Petro —Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior)— señalados por la Fiscalía de haber participado en un presunto entramado de direccionamiento de contratos a congresistas a cambio de apoyo legislativo.
La fiscal del caso, María Cristina Patiño, imputó a los exfuncionarios los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, en el marco del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La presunta “compra” de congresistas
Según la Fiscalía, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, Bonilla y Velasco “lideraron y promovieron una organización criminal” destinada a asegurar mayorías parlamentarias. Para ello, habrían ofrecido a algunos legisladores proyectos y contratos del Invías y la UNGRD por un total de $612.237 millones, a cambio de apoyar las reformas del Gobierno, particularmente la pensional y la de salud.
La fiscal Patiño afirmó que los exministros “plantearon un modus operandi dirigido a comprar congresistas con contratos públicos” y que habrían coordinado reuniones, entregado instrucciones y supervisado las gestiones presuntamente ilícitas.
En este esquema también habrían actuado Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD que, según la Fiscalía, gestionaron la contratación requerida para cumplir los pactos con parlamentarios.
Los señalamientos contra Velasco
La Fiscalía aseguró que Velasco habría ordenado a Olmedo López asistir a debates en la comisión séptima del Senado durante la discusión de la reforma pensional, y entregar contratos a congresistas clave. Entre esos proyectos figurarían obras en municipios como Puerto Concordia (Meta), Aguazul (Casanare), Mistrató (Risaralda) y un proyecto adicional en La Guajira, por un total de $12.395 millones.
Las irregularidades atribuidas a Bonilla
En el caso del exministro de Hacienda, la Fiscalía señaló que asesoras del Ministerio —Andrea Ramírez y María Alejandra Benavides— habrían conformado un listado de 71 proyectos para favorecer a congresistas mediante los llamados “cupos indicativos”, presuntamente autorizados por Bonilla.
Los proyectos se habrían distribuido entre comisiones de Cámara y Senado por $556.473 millones.
La Fiscalía también mencionó los tres proyectos por $89.619 millones en Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar, que no se concretaron pero que, según la investigadora, hacían parte del mismo esquema de negociación con parlamentarios.
El “cónclave” en el Dapre
La audiencia incluyó referencias al encuentro del 27 de noviembre de 2023 en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), convocado por Carlos Ramón González, hoy prófugo. Allí, según la Fiscalía, se discutió cómo asegurar la aprobación de proyectos del Gobierno mediante la entrega de contratos como contraprestación.
La defensa alega improcedencia
El abogado de Ricardo Bonilla, Mauricio Pava, anunció que pedirá la nulidad de la imputación por concierto para delinquir, al considerar que la Fiscalía está “sobredimensionando” la calificación jurídica y que se trata, en todo caso, de una discusión sobre supuesta coparticipación, mas no de una organización criminal.
La audiencia continuará con las intervenciones de la defensa y las víctimas acreditadas.
