El Gobierno Nacional, bajo la administración de Gustavo Petro, se alista para declarar emergencia económica con un decreto que podría expedirse este viernes. La medida busca sostener el gasto público frente a la caída de la Ley de Financiamiento y un escenario crítico de ingresos. El proyecto incluye un conjunto de reformas tributarias que entrarían en vigor en 2026.

Uno de los elementos centrales es un nuevo impuesto al patrimonio que, por primera vez, incluirá a las empresas. La propuesta establece que se gravarán los patrimonios iguales o superiores a 40.000 UVT a partir del 1 de enero de 2026, con tarifas progresivas que van del 0,5% al 5%, según el rango patrimonial.

Además, el gravamen a los movimientos financieros se incrementará temporalmente, pasando del actual 4×1000 al 5×1000, con el objetivo de generar recaudo inmediato mediante instrumentos ya existentes.

El sector de juegos de azar en línea también sufrirá cambios, gravándose con un IVA del 19%, eliminando los beneficios previos para la industria digital de apuestas. De igual manera, se ajustarán los impuestos al consumo de licores, vinos, aperitivos y tabaco, incluyendo dispositivos electrónicos de consumo de tabaco y vapeadores.

Una de las novedades más destacadas es la creación del Impuesto Especial para la Estabilidad Fiscal, que aplicará sobre la extracción, primera venta y exportación de petróleo crudo y carbón, con una tarifa del 1% sobre el valor de venta o FOB. Este impuesto alcanzará a empresas con una renta líquida ordinaria igual o superior a 50.000 UVT.

Los recursos obtenidos de estas medidas estarán destinados exclusivamente al Presupuesto General de la Nación durante la emergencia, con el objetivo de mitigar los efectos de la crisis económica.

El paquete tributario ha generado un debate sobre su impacto en la inversión y la creación de empresas. Algunos sectores cuestionan la necesidad de la emergencia económica, lo que podría llevar a la Corte Constitucional a analizar la legalidad del decreto. El presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibañez, estaría considerando convocar a una sala plena extraordinaria para revisar el decreto si este se expide.

El conjunto de medidas refleja la apuesta del gobierno por una estrategia fiscal de choque, enfocada en ampliar la base tributaria y asegurar recursos inmediatos para sostener el gasto público.