Una nueva controversia sacude a la política nacional tras la revelación de mensajes de WhatsApp que sugerirían presuntas presiones de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, en decisiones relacionadas con la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, uno de los epicentros de los diálogos sociojurídicos del Gobierno en el marco de la política de ‘Paz total’.

De acuerdo con una investigación periodística conocida en las últimas horas, los chats —atribuidos a conversaciones con la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago— evidenciarían inconformidad de la congresista frente a operativos judiciales y antiextorsión adelantados en el penal, donde permanecen recluidos reconocidos jefes criminales del Valle de Aburrá.

En uno de los mensajes, enviado en febrero pasado, Zuleta habría cuestionado un megaoperativo al considerar que este podría poner en riesgo los avances del proceso de diálogo que impulsa el Gobierno. El reclamo se habría producido pocos días después de que el presidente Gustavo Petro destacara públicamente resultados positivos de la estrategia de paz urbana.

Tensiones en el Ministerio de Justicia

Según las fuentes citadas, estos episodios no habrían sido aislados. Por el contrario, harían parte de una serie de tensiones entre congresistas cercanos al Ejecutivo y el Ministerio de Justicia, que habrían influido en la salida de Buitrago del cargo el pasado 15 de mayo.

La investigación también señala que Zuleta, en su rol de delegada del Gobierno en la mesa de diálogo de Itagüí, habría intervenido en solicitudes de traslados carcelarios, flexibilización de controles internos y presuntos bloqueos de operativos judiciales, acciones que —según oficiales y exfuncionarios consultados— habrían terminado beneficiando a estructuras criminales.

El caso de alias ‘Douglas’

Uno de los hechos más sensibles mencionados es el traslado de José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, histórico cabecilla de la Oficina de Envigado. El capo fue trasladado desde la cárcel La Picota a Itagüí para participar en los acercamientos de paz. Aunque la entonces ministra habría manifestado reparos por razones de seguridad, la decisión terminó siendo definitiva.

Tras estas intervenciones, fuentes oficiales aseguraron que algunos internos habrían accedido a beneficios adicionales, como visitas extraordinarias y elementos electrónicos en las celdas, aunque solicitudes más delicadas —como el uso de teléfonos celulares— no prosperaron.

Investigaciones en curso

Las actuaciones están siendo analizadas por la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación, que evalúan si las gestiones de la congresista se ajustaron al mandato otorgado por el Gobierno o si podrían configurar un favorecimiento indebido a organizaciones criminales.

Por su parte, la senadora Isabel Zuleta ha sostenido en otras ocasiones que las denuncias en su contra hacen parte de ataques políticos contra la política de ‘Paz total’. Hasta el cierre de esta publicación, no se conoció una respuesta oficial de la congresista frente a los mensajes revelados.