Hay grabaciones que no necesitan interpretación porque hablan por sí solas, y la que reveló esta semana la revista Semana es una de ellas. En una oficina de la Dirección Nacional de Inteligencia, el 18 de julio de 2025, un policía retirado con historial de vínculos con estructuras mafiosas se sentó frente al entonces director de la agencia de inteligencia del Estado colombiano a discutir, con la naturalidad de una transacción comercial, qué podía ofrecerle el Gobierno a dos capos del Clan del Golfo a cambio de información. La escena, por sí sola, ya retrata una anomalía institucional que trasciende cualquier explicación posterior.

Los hechos, según la grabación y las confirmaciones parciales de sus propios protagonistas, son estos: Manuel Antonio Castañeda, conocido como alias ‘el Narcochofer’, se presentó como intermediario de Juan José Valencia, alias ‘Falcon’, y Andrés Mauricio Vélez, alias ‘Fortuna’, dos cabecillas del Clan del Golfo entonces recluidos en Estados Unidos. Según relató Castañeda en la reunión, ambos estaban dispuestos a entregar información sobre atentados y caletas de armamento —incluidos cilindros bomba, un fusil, un dron adaptado para lanzar granadas y material presuntamente destinado a un atentado contra el propio presidente Petro y contra Francia Márquez— a cambio de dos contraprestaciones muy concretas: que bienes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) quedaran bajo administración de terceros de su confianza, y la suspensión de órdenes de captura, en especial las de Falcon y su núcleo familiar.

Lo más grave no es únicamente lo que pidió el intermediario de dos narcotraficantes presos, sino la respuesta institucional que recibió. En la grabación, el entonces director de la DNI, Jorge Lemus, no rechaza la propuesta ni la remite a la autoridad judicial competente. Le dice a Castañeda: «yo me comprometo a que lo hacemos», y más adelante añade que puede «manejar las cosas con la misma SAE». Consultado después por Semana, Lemus confirmó que sí se ofrecieron predios de la entidad a cambio de información, aunque insistió en que nada llegó a materializarse y reconoció, sin rodeos, que ese tipo de gestión no hacía parte de sus funciones como director de inteligencia.

Esa admisión —parcial, pero admisión al fin— es la que convierte este episodio en algo más serio que una simple fuente dudosa hablando de más. Un alto funcionario del Estado, al frente del principal organismo de inteligencia del país, reconoce haber ofrecido activos bajo custodia de una entidad pública a cambio de colaboración de estructuras criminales, y haberlo hecho por fuera del marco de sus atribuciones. El propio Lemus, curiosamente, desconfiaba de su interlocutor: tras la reunión le advirtió a un analista de la DNI que debía cuidarse de un posible montaje, porque Castañeda «habla de un alcance en la Policía que nunca tuvo». Si el funcionario dudaba de la fuente y aun así avanzó en la negociación, la pregunta que queda flotando es por qué.

El expediente se ramifica hacia otros nombres del entonces Gobierno. Augusto Rodríguez, exdirector de la Unidad Nacional de Protección, negó haber pactado nada con Castañeda, aunque admitió haberse reunido con él para intentar frustrar un supuesto atentado contra Petro. El general en retiro Luis Emilio Cardozo confirmó haber recibido al intermediario por gestión del entonces secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, y haber trasladado la información a Fuerzas Especiales, lo que derivó en el hallazgo de un fusil en Santa Marta. Idárraga, por su parte, reconoció haber llevado hasta el propio presidente Petro la petición de cambiar al administrador de un predio de la SAE, y que el mandatario remitió el asunto a su entonces jefa de gabinete, Angie Rodríguez, y al general en retiro Humberto Guatibonza. Todos coinciden en un punto: recibieron información, la reportaron y, según sus versiones, ningún acuerdo se concretó formalmente. Ninguno de ellos ha sido condenado por estos hechos, y sus explicaciones —contactos legítimos para prevenir atentados, dicen— merecen ser escuchadas con el mismo rigor con que se escucha la denuncia.

Pero ahí precisamente está el problema de fondo, más allá de si el acuerdo llegó o no a consumarse: la mecánica revela una costumbre, no un incidente aislado. Este no es el único frente en el que Lemus enfrenta señalamientos por su gestión al frente de la DNI. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría ya tienen abiertas investigaciones contra él y contra otros exfuncionarios del gabinete de seguridad de Petro —entre ellos el excomisionado de paz Danilo Rueda y el exministro de Defensa Iván Velásquez— por presuntos beneficios ofrecidos a estructuras armadas ilegales en los primeros meses de ese gobierno. La coincidencia de episodios, con el mismo funcionario en el centro y el mismo tipo de ofrecimiento —activos del Estado o alivios judiciales a cambio de colaboración— dibuja un patrón que merece explicación pública, no solo trámite judicial reservado.

Colombia ha construido, con enormes costos, una institucionalidad para negociar con grupos armados: hay una Oficina del Alto Comisionado para la Paz, hay jueces de paz territorial, hay marcos legales para sometimiento a la justicia. Ninguno de esos caminos pasa por una oficina de inteligencia ofreciéndole en corto un predio incautado a un intermediario de capos presos en Estados Unidos. Cuando el Estado empieza a resolver estos asuntos por fuera de sus propios canales, no está comprando seguridad: está normalizando que el crimen organizado tenga línea directa con el poder, con el argumento, siempre disponible, de que «lo que nos interesa es la información». Esa lógica, llevada hasta el final, termina corroyendo exactamente lo que se supone que la inteligencia del Estado debe proteger.