En plena vacancia judicial y con el Congreso en receso, el Gobierno de Gustavo Petro expidió su segundo decreto de emergencia económica, una decisión que ha encendido alertas institucionales, fiscales y políticas de cara al año electoral 2026.

El decreto se firmó tras el hundimiento de la ley de financiamiento y en medio de una operación de endeudamiento por 23 billones de pesos, realizada fuera del calendario regular y a tasas más altas que las del mercado. Para distintos analistas, la medida busca evitar recortes al gasto público y mantener el mayor presupuesto de la historia, aun sin respaldo del Legislativo.

El Gobierno justificó la emergencia con una mezcla de factores: ajuste de la UPC del sistema de salud, desastres naturales, falta de liquidez, seguridad electoral y el fracaso de la reforma tributaria. Sin embargo, expertos advierten que muchos de estos problemas eran previsibles, estructurales o resultado de decisiones del propio Ejecutivo, lo que debilita el argumento de una “crisis sobreviniente”.

La Corte Constitucional anunció que solo revisará el decreto a partir del 13 de enero de 2026, cuando termine la vacancia judicial. Mientras tanto, los nuevos impuestos ya entran en vigencia. Exmagistrados señalan que la emergencia podría caerse por innecesaria, pues el Estatuto Orgánico del Presupuesto contempla escenarios en los que el Gobierno no logra financiar el monto aprobado, obligándolo a recortar gastos y no a crear tributos por decreto.

En paralelo, la operación de endeudamiento —que habría involucrado al fondo Pimco— generó cuestionamientos por falta de transparencia, al no revelarse tasas, plazos ni condiciones completas. La Contraloría pidió explicaciones formales y analistas advierten que esta estrategia tensiona la relación con inversionistas y fondos de pensiones.

Desde la oposición, varios congresistas anunciaron demandas contra el decreto y alertaron sobre una posible vulneración del principio constitucional que prohíbe crear impuestos sin aval del Congreso. Para críticos del Gobierno, la emergencia económica representa un choque frontal entre el Ejecutivo y las demás instituciones, con el riesgo de agravar la crisis fiscal en 2026.

El debate apenas comienza, pero el decreto ya marca uno de los episodios más controversiales del Gobierno Petro: una apuesta de alto riesgo político, jurídico y económico en vísperas del año electoral