Un nuevo caso ha generado indignación y fuertes cuestionamientos al actuar de la justicia en Colombia. En plena temporada navideña, la revista Cambio reveló que la Fiscalía General de la Nación otorgó medidas de protección “urgentes” al empresario de espectáculos Ricardo Leyva, mientras su exesposa, Karen Santos, permanece sin protección efectiva, pese a haber denunciado un presunto intento de feminicidio documentado en video.

La decisión fue tomada por la Fiscalía 175 de Medellín en el marco de una denuncia interpuesta por Leyva contra Santos por presunta extorsión. Como resultado, se dictó una orden de alejamiento a favor de Leyva, que prohíbe a Santos contactarlo directa o indirectamente, incluso a través de terceros, salvo autorización judicial. Además, el empresario recibió acceso prioritario a atención policial en CAI y acompañamiento inmediato si manifiesta estar en riesgo.

“El Despacho Fiscal adopta estas medidas con base en la manifestación de riesgo inminente formulada por el denunciante, Ricardo Leyva Páez”, señala el documento oficial citado por Cambio. La decisión ha sido calificada por sectores sociales como “el mundo al revés”, al proteger al presunto agresor y no a la denunciante.

“O hablo o me matan”

Karen Santos denunció que fue víctima de violencia física, psicológica y amenazas de muerte durante su matrimonio. Hace semanas, Cambio divulgó un video en el que se observa a Leyva con un cuchillo en la mano, amenazándola de muerte y golpeándola. A pesar de esta evidencia, Santos asegura que la Fiscalía no ha adoptado medidas efectivas para salvaguardar su vida.

Según su testimonio, sufrió golpizas recurrentes que la llevaron a urgencias médicas, cirugías reconstructivas y tratamientos neurológicos. Afirma que actualmente está perdiendo la visión de un ojo como consecuencia de los golpes. “Durante años oculté las agresiones por miedo. Me obligaba a decir que eran accidentes”, relató.

El episodio más grave ocurrió el 17 de julio, cuando, según Santos, Leyva la persiguió con un cuchillo tras romperle el celular al verla grabarlo. Dos testigos presenciales llamaron a la Policía. Santos denunció que los uniformados llegaron acompañando a Leyva y le exigieron a ella entregar el teléfono. Solo cuando afirmó ser ciudadana australiana y advirtió que acudiría a instancias internacionales, la actitud de las autoridades cambió.

Esa noche huyó sin documentos, sin dinero y sin celular. Quince días después, asegura que Leyva volvió a agredirla en un hotel de Cali durante un concierto en el que ella trabajaba como líder de producción, hecho que, según su versión, quedó registrado en cámaras de seguridad.

Otras denuncias y polémicas

El caso se agrava con nuevas denuncias contra Leyva. Recientemente salió a la luz un episodio en el que habría admitido poseer fotos y un video íntimo de otra mujer, material que —según audios revelados por Cambio— utilizaba como amenaza para perjudicar al entonces esposo de ella.

Estos hechos se remontan a diciembre de 2021, cuando Natalia Rendón, asesora de imagen, confrontó a Leyva en el Club El Nogal. En la conversación, él habría reconocido conservar el material íntimo, haberlo mostrado a terceros y guardarlo para “joder” a Guillermo Gutiérrez, a quien consideraba su enemigo.

A esto se suman cuestionamientos por presuntos favores políticos y contratos estatales, entre ellos la cesión de un leasing habitacional al hoy ministro Armando Benedetti y, posteriormente, la adjudicación a su empresa Ave Fénix Entretenimiento S.A.S. de un contrato cercano a los 8.000 millones de pesos con RTVC para un evento de la cumbre de la CELAC.

Indignación y llamados a revisión

Organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas han advertido que este caso envía un mensaje peligroso: la institucionalidad responde con rapidez para proteger al denunciado, mientras la mujer que documentó agresiones graves permanece en riesgo.

Karen Santos insiste en que teme por su vida. “O hablo o me matan”, ha dicho. El caso reabre el debate sobre el tratamiento judicial de la violencia de género en Colombia y la urgencia de que las decisiones de la Fiscalía prioricen la protección de las víctimas.