A ocho meses de que termine el Gobierno del presidente Gustavo Petro, la promesa de desactivar la guerra mediante la política de ‘Paz Total’ enfrenta serios cuestionamientos. Las cifras oficiales de 2025 reflejan un país con incremento en la violencia, retrocesos en seguridad y procesos de diálogo estancados con los principales grupos armados ilegales.

Según datos del Ministerio de Defensa, durante 2025 se registraron 1.273 actos terroristas, frente a 1.126 en 2024, y 559 secuestros, un aumento cercano al 80% respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 313 casos. Delitos que parecían superados regresaron con fuerza al panorama nacional.

Violencia que revive fantasmas del pasado

En las últimas semanas del año, Colombia volvió a presenciar tomas armadas a poblaciones del Cauca, ataques prolongados durante horas y acciones violentas que evocan los peores años del conflicto armado. A esto se suma el atentado mortal contra Miguel Uribe Turbay en Bogotá, ocurrido en junio, que marcó el punto más crítico del deterioro del orden público.

Con corte a noviembre, los homicidios aumentaron de 12.252 en 2024 a 12.484 en 2025, mientras que los asesinatos de líderes sociales pasaron de 173 a 181 casos. Las masacres se mantuvieron en 76 eventos, evidenciando que las dinámicas de control territorial no cedieron pese a los ceses al fuego y acercamientos con grupos armados.

Mesas de diálogo sin avances concretos

La política de ‘Paz Total’, concebida como un ecosistema de negociaciones simultáneas con todos los actores armados, llega al cierre de 2025 con sus mesas más importantes suspendidas o debilitadas.

El proceso con el ELN, considerado el eje central de la estrategia, permanece congelado desde septiembre de 2024, tras un ataque a una base militar en Arauca que dejó dos soldados muertos y 25 heridos. Aunque el Gobierno anunció voluntad de retomar los diálogos, hoy no existe calendario ni agenda clara.

En paralelo, las disidencias del Estado Mayor Central, lideradas por alias “Iván Mordisco”, están fuera del proceso, mientras que el grupo de alias “Calarcá” continúa en conversaciones, lo que les ha otorgado beneficios como altos al fuego, suspensión de capturas y freno a extradiciones. Según denuncias, estas estructuras habrían aprovechado la inacción estatal para fortalecerse militarmente.

Controversias y contradicciones

Uno de los episodios más polémicos del año fue el bombardeo a un campamento disidente en Calamar, Guaviare, donde murieron siete menores de edad. El presidente Petro defendió la operación como un “daño colateral” necesario para proteger a los soldados, una postura que contrastó con su férrea oposición a hechos similares durante el Gobierno de Iván Duque, cuando los calificó como crímenes de guerra.

A esto se suma el expediente conocido como los “Archivos de Calarcá”, que reposan en la Fiscalía y contienen chats, audios y documentos que apuntarían a presuntos nexos entre funcionarios del Estado y grupos armados, incluyendo el uso de recursos públicos para movilizar criminales, armas y menores reclutados.

Secuestro y terrorismo al alza

El incremento del secuestro y de los ataques terroristas se ha concentrado especialmente en el suroccidente del país, en ciudades como Cali y Jamundí, donde los grupos armados buscan visibilidad simbólica y control social.

Para Andrés Cajiao, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el balance es claro:

“Las autoridades siguen teniendo muy poca capacidad de incidencia en lo que sucede en el territorio. No se vislumbra un punto de llegada ni la posibilidad de un acuerdo definitivo en lo que resta del Gobierno”.

Narcotráfico y descertificación

En materia de drogas, la erradicación manual de coca cayó de 9.402 a 7.495 hectáreas, mientras que la incautación de cocaína aumentó de 889.201 a 920.848 kilogramos, lo que refleja un enfoque centrado en el eslabón final de la cadena, pero con débil control territorial en las zonas de cultivo.

Este escenario llevó a la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos, una medida que podría acarrear sanciones económicas, bloqueo de créditos internacionales y reducción de cooperación financiera si no se revierte antes de finalizar 2026.

En un giro que contradice promesas de campaña, el Gobierno anunció el regreso de la fumigación con glifosato, esta vez mediante drones, una decisión que cierra el año con nuevas tensiones políticas y sociales.

Un cierre de año incierto

Con menos de un año por delante, el Gobierno enfrenta el desafío de demostrar resultados tangibles en seguridad, paz y lucha contra el narcotráfico. Las cifras de 2025 dejan una pregunta abierta: ¿alcanzarán ocho meses para corregir el rumbo de la ‘Paz Total’?