La Corte Constitucional retomó esta semana sus funciones con una de las agendas más complejas de los últimos años. Desde este martes 13 de enero, el alto tribunal comienza el reparto de los decretos expedidos por el Gobierno en el marco de la emergencia económica, al tiempo que enfrenta decisiones clave sobre la reforma pensional, el sistema de salud, derechos de víctimas del conflicto armado y la posible nulidad de la elección de uno de sus magistrados.

Tras la vacancia judicial de 2025, toda la rama judicial volvió formalmente a labores. Sin embargo, la Corte Constitucional arranca “con el acelerador a fondo”, debido a la trascendencia política, jurídica y social de los asuntos que deberá resolver, muchos de ellos relacionados con iniciativas del gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien le restan poco más de seis meses de mandato.

Emergencia económica, prioridad inmediata

Uno de los primeros temas en la agenda es la revisión del decreto que declaró el estado de emergencia económica, expedido por el Ejecutivo el 22 de diciembre pasado, cuando la rama judicial ya se encontraba en vacancia. El Gobierno argumentó la medida en la incapacidad de garantizar derechos fundamentales y en la no aprobación de dos proyectos de Ley de Financiamiento para las vigencias 2025 y 2026.

Aunque la Corte no estudió el decreto de manera extraordinaria durante la vacancia, sí decidió darle prioridad absoluta desde esta semana. El reparto definirá al magistrado ponente, quien deberá evaluar tanto la constitucionalidad de la declaratoria como de las medidas adoptadas. Varias tutelas presentadas por sectores políticos para frenar su vigencia fueron negadas, dejando la decisión final en manos del alto tribunal.

Reforma pensional, un fallo aún pendiente

Otro de los expedientes más relevantes es el de la reforma pensional (Ley 2381 de 2024), cuya constitucionalidad sigue sin definirse. La Corte encontró vicios de trámite durante su aprobación en el Congreso, los cuales fueron subsanados parcialmente tras devolver el proyecto a la Cámara de Representantes. No obstante, para el magistrado ponente, Jorge Enrique Ibáñez, los errores persistieron.

El caso quedó en empate luego de que el magistrado Héctor Carvajal se apartara del debate por un conflicto de interés. Ante la falta de mayorías, la decisión fue trasladada a un conjuez, Carlos Pablo Márquez, quien estudia el expediente desde diciembre y deberá emitir la decisión definitiva en las próximas semanas.

Seguimiento al sistema de salud

La Corte también mantiene bajo estricta vigilancia el sistema de salud, en cumplimiento de la sentencia T-760 de 2008. Según el alto tribunal, el Estado sigue sin resolver problemas estructurales como la financiación, la entrega de medicamentos, la oportunidad en la atención y la articulación institucional.

Antes de la vacancia, la Corte incluso abrió un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, al considerar que el Gobierno no ha cumplido de manera adecuada con las órdenes judiciales. Este seguimiento se intensificará en la recta final del actual gobierno.

Violencia sexual intrafilas como crimen de guerra

En el despacho del magistrado Ibáñez también reposa una demanda que busca que la violencia sexual cometida dentro de los grupos armados contra mujeres y menores reclutados sea reconocida como crimen de guerra. La acción sostiene que el Código Penal excluye a estas víctimas de la protección del Derecho Internacional Humanitario.

La Procuraduría respaldó la demanda al advertir una omisión legislativa que impide investigar y sancionar estos hechos como crímenes de guerra. No obstante, el proceso permanece suspendido por recusaciones pendientes de resolver.

Incertidumbre por elección de magistrado

Finalmente, la composición de la Sala Plena podría cambiar si prosperan las demandas contra la elección del magistrado Carlos Camargo. El Consejo de Estado estudia presuntas irregularidades y conflictos de interés en su designación, relacionadas con la contratación de familiares de magistrados y congresistas cuando Camargo fue defensor del Pueblo.

Aunque el caso no está en manos de la Corte Constitucional, un eventual fallo en contra podría alterar el equilibrio interno del tribunal y reabrir el proceso de elección.

Con este panorama, la Corte Constitucional inicia 2026 con decisiones que no solo marcarán el rumbo jurídico del país, sino que tendrán un impacto directo en el cierre del actual gobierno y en temas estructurales del Estado colombiano.