La consulta del Pacto Histórico no solo mostró un pulso electoral con 2,7 millones de votos: también dejó en evidencia un escenario inquietante de financiación política. Más allá de los resultados, lo que preocupa es de dónde salió el dinero y cómo circula en campañas que deberían ser ejemplo de transparencia.

Iván Cepeda: casi toda su campaña —964 millones de pesos— provino de donaciones privadas, especialmente de Samat Publicidad S.A.S., una empresa barranquillera que aportó 609 millones de pesos, el 73% de los fondos. Su representante legal, Javier Antonio Pérez Páez, sumó 116 millones adicionales. En total, Cepeda puso solo el 13% de su propio bolsillo. La empresa existe formalmente desde 2018 y se dedica a impresiones y publicidad, pero el senador afirma no conocer personalmente a los donantes, dejando abierta la pregunta: ¿quién maneja realmente el flujo de dinero en la campaña?

Carolina Corcho: la situación es aún más sorprendente. Su campaña costó 1.428 millones, un 48% más que Cepeda, y se financió casi en su totalidad a través de créditos. Aquí entran en juego varias empresas y particulares:

• Custeau Chefcito Sigi ML JV, un restaurante en liquidación desde abril de 2025, con capital menor a $2 millones y sin ingresos, aportó 723 millones a través de 17 desembolsos. Sí, más de la mitad de la financiación de Corcho provino de un negocio fantasma que ya no existía formalmente.

• José Orlando Riveros Casas, representante de la empresa de publicidad Grafikar, le prestó 120 millones. Riveros Casas ya estaba en investigación del CNE por violación de topes electorales en la campaña Petro.

• Pedro Santana, cercano a Corcho y vocero de su reforma a la salud, aportó 30 millones.

En total, Corcho recibió 98% de sus recursos a través de préstamos, mientras Cepeda dependió casi enteramente de una sola empresa barranquillera. La diferencia no es solo en montos: hablamos de una candidata financiada por empresas y personas con antecedentes y de dudosa capacidad económica frente a un senador con un gran donante concentrado.

Este contraste evidencia un problema estructural: la política colombiana aún permite que fondos de dudosa trazabilidad entren a campañas importantes, sin que los controles sean efectivos ni los ciudadanos tengan claridad sobre cómo se mueve el dinero. Mientras Cepeda y Corcho suman millones en campañas, la pregunta sigue latente: ¿hasta qué punto la transparencia es un compromiso real y no solo un discurso?

Si la izquierda quiere consolidarse como alternativa ética y progresista, no basta con ganar votos: debe mostrar cuentas claras, financiamiento legítimo y coherencia entre discurso y práctica. Y estos casos de Samat Publicidad y Custeau Chefcito son un recordatorio de que el camino está lejos de ser limpio.