La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) por un contrato de $10.000 millones suscrito para la defensa jurídica internacional del presidente Gustavo Petro ante autoridades estadounidenses.

La actuación disciplinaria se da tras una denuncia presentada por la representante a la Cámara, Katherine Miranda, quien cuestionó que recursos del Presupuesto General de la Nación se destinaran a lo que calificó como defensa de intereses personales del presidente y de su círculo familiar.

Según la notificación oficial, el contrato de prestación de servicios profesionales No. 001 de 2026 fue firmado el 9 de enero de 2026, bajo la modalidad de contratación directa, con la firma Amadeus Consultancy Limited, y tendrá vigencia hasta el 30 de abril de 2026.

El objeto del contrato es la “asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional, orientada al análisis normativo, doctrinal y procedimental del régimen de sanciones financieras internacionales”, en referencia a la posible inclusión del presidente en la llamada Lista Clinton.

Hallazgos que prendieron las alarmas
La Procuraduría advirtió varios puntos críticos que motivaron la indagación:

• Posible desviación de poder y uso de recursos públicos para fines no institucionales.

• Utilización de dinero público para la defensa de intereses personales del presidente y su entorno.

• Ausencia de resultados verificables, indicadores de impacto o entregables con efectos jurídicos concretos.

• Falta de una justificación técnica sólida que explique la urgencia de la contratación o la imposibilidad de acudir a capacidades institucionales del Estado.

• No se exigieron garantías de cumplimiento, pese a tratarse de un contrato de alta cuantía, lo que incrementa el riesgo fiscal y patrimonial.

“Los recursos públicos son sagrados”
Al conocer la decisión del ente de control, Katherine Miranda afirmó que la investigación confirma la gravedad del caso:

“Celebramos que la Procuraduría haya abierto esta indagación. No se puede pagar con los impuestos de los colombianos la defensa personal del presidente ni de su esposa. Los recursos públicos deben respetarse”.

La Procuraduría solicitó al Dapre copias del contrato, estudios previos y demás soportes técnicos para evaluar la legalidad y pertinencia de la contratación.

El caso abre un nuevo frente de control sobre el manejo de recursos en la Presidencia y podría derivar en responsabilidades disciplinarias si se comprueba un uso indebido del erario.