Análisis a partir de una columna de Ana Bejarano Ricaurte

La reciente mención especial otorgada al pódcast DMG, el sueño de la hormiga, de La No Ficción, en el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, reabrió un capítulo que Colombia nunca terminó de cerrar. Más allá del reconocimiento al rigor periodístico y a la narración de Félix de Bedout, el trabajo —como lo plantea la columnista Ana Bejarano Ricaurte— logra algo más profundo: explicar por qué la estafa de David Murcia Guzmán no fue solo una pirámide, sino un fenómeno social alimentado por la exclusión, la desigualdad y la desesperanza.

En su columna La familia DMG, Bejarano propone una lectura incómoda pero necesaria: DMG prosperó porque supo explotar valores profundamente arraigados en una sociedad fracturada —la codicia como aspiración, la ilusión de la plata fácil y la ausencia de alternativas reales para miles de personas marginadas del sistema financiero y del mercado laboral—. En ese contexto, la autora plantea una pregunta clave: ¿quiénes legitimaron ese espejismo?

Uno de los nombres que reaparece es el del abogado Abelardo de la Espriella, hoy figura política y autoproclamado defensor de la “extrema coherencia”. Bejarano recuerda que existen registros públicos y videos en los que un joven De la Espriella defendía con vehemencia a DMG, hablaba de la “gran familia” y rechazaba la intervención estatal durante el gobierno de Álvaro Uribe, validando públicamente la supuesta legalidad del negocio.

La columna subraya una contradicción central: De la Espriella sostiene hoy que su paso por DMG fue breve y que renunció al descubrir una contabilidad falsa. Sin embargo, en su defensa pública de entonces afirmaba que “cada peso” que ingresaba a DMG había sido revisado con su “lupa de filigrana jurídica”. Dos relatos que no encajan con facilidad.

Bejarano también recuerda que en la audiencia posterior a su renuncia no se reveló ninguna contabilidad real, sino que la Fiscalía presentó un audio en el que operadores de Murcia hablaban de 760 millones de pesos destinados al abogado para influir en el Congreso. Tras ese episodio, De la Espriella dejó el caso y más tarde reconoció haber recibido ese dinero, aunque lo calificó como honorarios profesionales.

La autora señala además las reuniones admitidas por el abogado con los entonces senadores Roberto Gerlein y Jorge Visbal, supuestamente para debatir aspectos jurídicos sobre el transporte de efectivo. Encuentros que, aunque él describe como legales, se dan en medio de un contexto político y judicial altamente sensible.

La columna no busca una condena judicial —esa discusión pertenece al pasado—, sino algo distinto y más actual: una rendición de cuentas ética y política. ¿Es suficiente minimizar el episodio con frases ligeras y gestos irónicos cuando se trató de una de las mayores estafas contra población vulnerable en la historia reciente del país?

La memoria, como plantea Bejarano, no puede ser selectiva. Y el debate es inevitable cuando figuras públicas que hoy reclaman autoridad moral evaden explicar con profundidad su papel en episodios que marcaron a miles de colombianos.