El presidente Gustavo Petro confirmó que su gobierno destinó $10.000 millones de pesos del Presupuesto General de la Nación para contratar una firma de abogados en Estados Unidos con el objetivo de defenderlo a él y a su esposa, Verónica Alcocer, en un proceso relacionado con la Office of Foreign Assets Control (OFAC), conocida como la Lista Clinton.

La admisión del propio mandatario encendió una fuerte controversia política y jurídica, luego de que Petro defendiera el millonario contrato asegurando que fue consecuencia directa de las gestiones de la oposición en Washington y Miami. A través de su cuenta de X, el jefe de Estado calificó a sus críticos de “apátridas” y sostuvo que estas visitas habrían generado sanciones financieras en su contra.

El contrato, firmado de manera directa por el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) con la firma extranjera Amadeus Consultancy Limited, tiene un valor cercano a los $10.000 millones, un plazo de ejecución entre enero y abril de 2026 y fue financiado con recursos públicos, lo que ha generado cuestionamientos sobre su legalidad y conveniencia.

Procuraduría abre indagación

Tras las denuncias públicas, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer si en la contratación se respetaron los principios de la función administrativa y la normativa de contratación estatal. El organismo de control investiga si hubo un posible detrimento patrimonial al destinar recursos del Estado para una defensa que, según versiones previas, sería gratuita.

La representante a la Cámara Katherine Miranda, quien presentó la denuncia, señaló que no existe una explicación clara sobre la necesidad del contrato, su cuantía ni el procedimiento utilizado. “Lo que se dijo que era una defensa gratuita terminó convertido en un contrato multimillonario pagado con los impuestos de los colombianos”, afirmó.

Ola de críticas desde la oposición

La confirmación del contrato desató una avalancha de críticas. La periodista Salud Hernández aseguró que el presidente “cree que el Estado es su banco personal”, mientras que el economista Germán Ricaurte calificó la decisión como un “abuso” y anunció acciones fiscales y disciplinarias.

Desde el Congreso, la senadora María Fernanda Cabal fue aún más contundente: “Los colombianos no tenemos por qué pagar las consecuencias del pésimo actuar del presidente ni su política de complacencia con el narcotráfico”.

Debate de fondo: ¿defensa personal con recursos públicos?

Más allá del choque político, el caso abre un debate de fondo sobre los límites del uso de recursos públicos para asuntos que involucran la responsabilidad personal del jefe de Estado. Analistas advierten que, de confirmarse irregularidades, el episodio podría convertirse en uno de los escándalos más graves del gobierno Petro en materia de manejo del erario.

Mientras la investigación avanza, el presidente optó por confrontar a sus críticos, pero las preguntas clave siguen sin respuesta:
¿por qué debía pagar el Estado una defensa personal?, ¿por qué contratación directa?, ¿y por qué $10.000 millones?