El escándalo de la Fundación Universitaria San José no solo destapó una presunta red de expedición irregular de títulos académicos. También dejó al descubierto una falla grave del Estado y una responsabilidad política directa que hoy apunta al ministro de Educación, Daniel Rojas.

Lo que hoy se conoce como el “cartel de títulos” no fue descubierto por el Ministerio de Educación ni por los organismos de control. Fue revelado por las congresistas Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao, quienes, con equipos limitados, lograron documentar lo que la entidad encargada de la inspección y vigilancia universitaria no quiso o no supo ver.

El caso que encendió las alarmas fue el de Juliana Guerrero, exaspirante al viceministerio de Juventudes, cuyos títulos fueron expedidos antes de que se registraran los pagos de matrícula y derechos de grado. Facturas electrónicas obtenidas por la representante Pedraza y rastreadas en bases de datos de la DIAN evidencian que los pagos se realizaron semanas después de la fecha oficial de graduación, una irregularidad elemental en cualquier proceso académico.

Pero Guerrero sería apenas la punta del iceberg. Según Pedraza, se están investigando más de 1.200 títulos otorgados por la Fundación San José. Por su parte, Juvinao ha identificado al menos 24 funcionarios y contratistas del Gobierno Nacional que habrían obtenido diplomas presuntamente irregulares y que, con base en esos títulos, accedieron a contratos públicos por más de 1.100 millones de pesos entre 2023 y 2025.

Los hallazgos revelan un patrón alarmante: títulos expedidos sin la Prueba Saber Pro, requisito obligatorio establecido por la Ley 1324; diplomas entregados con la promesa de presentar el examen “después”; pagos realizados tras la graduación; y casos de múltiples títulos otorgados el mismo día a una misma persona. Todas estas prácticas invalidan legalmente los diplomas y comprometen la legalidad de los contratos firmados con el Estado.

El impacto institucional es profundo. Las personas señaladas habrían trabajado en 16 entidades públicas, entre ellas el DAPRE, el SENA, la DIAN, la UNP y el Ministerio de Salud. Es decir, recursos públicos asignados con base en credenciales que hoy están bajo seria sospecha.

En el centro de la controversia también aparece Francisco Pareja, fundador y representante legal de la Fundación San José, señalado por la representante Pedraza como un actor con peso político. Aunque el ministro del Interior, Armando Benedetti, negó cualquier vínculo con el caso, las congresistas insisten en que existen relaciones políticas que deben ser investigadas.

Sin embargo, el mayor cuestionamiento recae sobre el Ministerio de Educación, encabezado por Daniel Rojas, cuya función legal es garantizar la calidad, legalidad y vigilancia del sistema de educación superior. Han pasado más de seis meses desde que se conocieron las primeras denuncias y, hasta ahora, no se ha intervenido la institución, no se han impuesto sanciones ejemplares ni se han dado explicaciones claras al país.

“Si nosotras pudimos descubrir esto revisando diploma por diploma, ¿por qué el Ministerio de Educación no hizo nada?”, preguntó Juvinao. La pregunta sigue sin respuesta.

Mientras miles de jóvenes se endeudan durante años para estudiar y cumplir cada requisito legal, otros habrían accedido a títulos diseñados a la medida de las necesidades burocráticas del Gobierno. No es solo un fraude académico: es una burla a la meritocracia, una afrenta a la confianza pública y una señal de alarma sobre la captura política de las instituciones.

Las congresistas han solicitado la actuación de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, la anulación de títulos y tarjetas profesionales, y han impulsado una moción de censura contra el ministro Daniel Rojas, a quien señalan por presunta omisión.

Este escándalo ya no es solo sobre diplomas. Es sobre responsabilidades políticas claras. Y cada día de silencio del Ministerio de Educación refuerza la percepción de que el problema no es la falta de pruebas, sino la falta de voluntad para actuar.