Desde un campamento en la selva colombiana, alias ‘Calarcá’, comandante del Estado Mayor del Bloque Jorge Briceño Suárez de las disidencias de las FARC, negó tener vínculos con altos mandos de las Fuerzas Militares o con miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), así como la existencia de información incautada en su contra tras su reciente detención en Antioquia.

En entrevista con el medio Noticaguán, el jefe disidente aseguró que son falsas las versiones que señalan que la Fiscalía General de la Nación tendría en su poder teléfonos celulares o computadores con supuestos chats que evidenciarían contactos con oficiales activos y planes para la creación de empresas de vigilancia fachada.

Según ‘Calarcá’, durante el procedimiento en el que fue interceptado en una vía del municipio de Anorí, Antioquia, no le fue incautado ningún dispositivo electrónico. Afirmó que, por el contrario, utilizó su propio teléfono celular para comunicarse con integrantes de la mesa de diálogos con el Gobierno nacional y coordinar su traslado a Bogotá.

“Desde el primer momento tuve conversaciones con la mesa del Gobierno. Por ese lado queda desvirtuada esa mentira”, sostuvo.

El comandante insurgente también negó portar computadores o almacenar información sensible. “Nunca porto computador. Nunca me van a encontrar memorias con archivos, secretos o planes”, afirmó, calificando los señalamientos como parte de un “montaje” y una “campaña negra”.

Respecto a las menciones que lo vinculan con generales activos y exfuncionarios del sector defensa, alias ‘Calarcá’ aseguró que estas versiones buscan afectar políticamente al presidente Gustavo Petro y desacreditar el proceso de diálogo que adelanta su estructura con el Gobierno.

“Esto no es nuevo. Es la política negra y la guerra sucia que han empleado históricamente sectores del Estado y algunos medios de comunicación”, afirmó.

Las declaraciones del jefe disidente se conocen pese a que la Fiscalía General de la Nación ha informado públicamente que, durante operativos recientes, se habrían incautado dispositivos con información de interés investigativo, lo que mantiene abiertas las pesquisas para esclarecer los hechos y verificar el alcance de los presuntos vínculos denunciados.

El caso sigue generando debate en medio del proceso de diálogo entre el Gobierno y las disidencias, así como cuestionamientos sobre la transparencia y el impacto político de las investigaciones en curso.