La política colombiana es experta en reciclar figuras y en disfrazar viejas prácticas, pero el fenómeno de Juliana Guerrero en la Casa de Nariño inaugura una categoría distinta y profundamente preocupante: la del poder absoluto sin el respaldo de la trayectoria, la legalidad o la coherencia. Que una joven de 23 años se haya consolidado como la «aduana» obligatoria para acceder al Presidente de la República no es, como intenta vender la narrativa oficial, un triunfo del relevo generacional o la «rebeldía» institucional. Es, en realidad, el síntoma más alarmante de una administración que ha sustituido los cuadros técnicos por la lealtad ciega y el susurro al oído, y que está dispuesta a pagar un alto precio legal y político por ello.

La Gestión desde la Sombra: Un Riesgo Patrimonial y de Gobernabilidad

El ascenso y la consolidación de Guerrero, detallados por la revista Cambio a inicios de febrero de 2026, revelan un patrón de «trama de traiciones y conspiraciones» que culminó con la salida de Angie Rodríguez del DAPRE. Pero más allá del drama palaciego, esta dinámica plantea una crisis de gobernabilidad y un riesgo patrimonial inminente. El DAPRE no es un club de amigos; es el corazón administrativo del Gobierno, la entidad que gestiona presupuestos millonarios y firma actos administrativos que comprometen a la Nación.

Cuando las decisiones clave de personal, la asignación de recursos y la misma agenda presidencial son orquestadas por alguien que no tiene la trayectoria formal para ocupar un cargo de esa envergadura, se rompe la cadena de responsabilidad. Si una directriz o una contratación, impulsada desde esta esfera de poder informal, resulta en un detrimento patrimonial o una irregularidad, ¿quién responde ante los entes de control? ¿La directora nominal, Nhora Mondragón, que es considerada una «cuota» de Guerrero y que solo obedece órdenes, o la asesora que carece de firma legal pero tiene el mando real?

Esta «gestión en la sombra» no es un asunto menor. Abre la puerta a futuras investigaciones por desviación de poder, nulidad de actos administrativos y, en el peor de los escenarios, a imputaciones por posibles omisiones o extralimitaciones. El Estado, y en particular la Presidencia, queda vulnerable ante demandas millonarias y ante el escrutinio riguroso de la Procuraduría y la Contraloría. El «Gobierno del Cambio» está construyendo un andamiaje administrativo sobre cimientos de arena, priorizando la lealtad sobre la idoneidad y la estructura legal.

La Traición al «Mérito Joven» y la Ruptura del Contrato Social

El costo político de este esquema es, si cabe, aún más devastador, especialmente para el presidente Petro y su base más leal: los jóvenes. El discurso que movilizó a millones de estudiantes y profesionales desempleados se basaba en la promesa de que, por fin, quien estudiara, se esforzara y tuviera mérito llegaría lejos, sin importar su apellido, sus contactos o su estrato social. Era la promesa de una meritocracia renovada, de un país donde la oportunidad sería para todos.

Al entronizar a Juliana Guerrero —quien ha sido señalada por irregularidades en su formación académica (la duda sobre su título de Contaduría sin las pruebas Saber Pro) y el uso de aviones de la Policía para viajes personales a Valledupar—, el Gobierno envía un mensaje demoledor a su electorado: el «cambio» no eliminó la «palanca» o el «roscograma»; solo cambió de color y de protagonistas.

Para el joven que hoy prepara su examen Saber Pro con la esperanza de una beca, o para el profesional que aplica a convocatorias públicas transparentes esperando un puesto de carrera, ver el ascenso meteórico de Guerrero es una bofetada. No es empoderamiento juvenil; es el retorno del viejo clientelismo y del favoritismo, pero ahora disfrazado con una estética «rebelde» y «popular». Se rompe el contrato social no escrito con esa generación que creyó en el «Gobierno del Cambio» como una oportunidad para la transparencia y la equidad.

El Legado del Susurro: Cuando la Lealtad Ciega Reemplaza la Gobernabilidad

Gobernar a punta de «oído» y no de «perfil» técnico es el camino más rápido hacia la ineficiencia y la desilusión. Mientras el Gobierno se desgasta defendiendo la permanencia de una figura cuestionada y su círculo de influencia, las metas ambiciosas del Plan Nacional de Desarrollo se quedan en el papel. El riesgo es que, al final del cuatrienio, el gran legado del «Gobierno del Cambio» no sea la transformación de las estructuras del país o la materialización de un Estado social de derecho, sino haber demostrado que la Casa de Nariño se puede manejar como una finca personal donde la lealtad incondicional, la intriga y la improvisación pesan más que la Constitución, la ley y la promesa de un futuro mejor para todos.

El «cambio» que se prometió no era el de cambiar de dueños el mismo sistema de privilegios, sino el de democratizar el poder y dignificar la función pública. Con Juliana Guerrero como la mujer más poderosa del Palacio, lo que tenemos es la sombra del pasado proyectándose con fuerza sobre el presente.