La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió cerrar el trámite de medidas cautelares solicitado por la familia del senador Miguel Uribe Turbay, asesinado en agosto de 2025, tras el atentado que sufrió durante una actividad preelectoral en Bogotá. El organismo concluyó que no se cumplían los criterios de gravedad, urgencia ni riesgo de daño irreparable, según informó en un comunicado.

La solicitud presentada por los abogados de la familia señalaba riesgos persistentes derivados del crimen, incluyendo estigmatización y posibles amenazas a la seguridad familiar, que habrían sido alimentadas por declaraciones de funcionarios del Gobierno nacional. Sin embargo, la CIDH consideró que las investigaciones penales en curso y la implementación de medidas de seguridad posteriores mitigaban los riesgos denunciados.

“El riesgo que buscábamos prevenir terminó materializándose”, aseguró el abogado de la familia, Mosquera, al subrayar que las medidas adoptadas por el Estado llegaron de manera tardía, una vez consumada la violación de derechos humanos.

La familia del senador ha reiterado que el magnicidio no debe convertirse en una narrativa política. Miguel Uribe Londoño, padre del dirigente asesinado, pidió mantener la vigilancia internacional sobre el proceso judicial y advirtió que politizar el caso revictimiza a las familias afectadas.

El magnicidio de Miguel Uribe Turbay sigue bajo investigación por la Fiscalía, mientras la familia y representantes legales hacen un llamado a garantizar justicia, protección y cumplimiento de los derechos fundamentales de las víctimas en Colombia.