En los sistemas de salud, los números no son simples estadísticas: son la base de la confianza pública. Por eso, cuando las cifras oficiales empiezan a contradecirse, lo que se fractura no es solo un reporte técnico, sino la credibilidad institucional.

La nueva polémica alrededor del registro de muertes por enfermedades huérfanas en 2025 es un ejemplo inquietante. Según datos reportados por el Ministerio de Salud, se habrían contabilizado 536 fallecimientos de pacientes afiliados a la Nueva EPS. Sin embargo, al consultar el Sistema Integrado de Información de la Protección Social (SISPRO), hoy apenas aparecen 60 casos correspondientes al mismo periodo.

La diferencia —476 muertes— no es un margen estadístico menor. Es un vacío enorme que exige una explicación urgente. ¿Se trata de un rezago en el cargue de información? ¿Un cambio metodológico? ¿Un error en los reportes iniciales? Hasta ahora, no hay claridad pública, y ese silencio alimenta la desconfianza.

Este episodio ocurre además en un contexto especialmente sensible: el caso del menor Kevin Acosta, cuyo fallecimiento, tras denuncias por falta de entrega de medicamentos, reabrió el debate sobre fallas estructurales en el sistema. Cuando tragedias individuales coinciden con inconsistencias en los datos oficiales, la percepción ciudadana es inevitable: algo no está funcionando.

La controversia también tiene un componente político inevitable. La organización Pacientes por Colombia —que agrupa más de 200 asociaciones— presentó una denuncia penal contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por presunto incumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con financiación y sostenibilidad del sistema.

Más allá de la discusión jurídica, el fondo del problema es otro: la salud pública depende tanto de recursos como de información confiable. Sin datos consistentes, no hay planeación, no hay vigilancia efectiva y, sobre todo, no hay rendición de cuentas.

Porque las cifras en salud no son neutrales. Determinan políticas, asignación de recursos y decisiones clínicas. Cuando no coinciden, no solo generan dudas técnicas: ponen en riesgo la confianza en el sistema que, literalmente, sostiene la vida de millones.

Y en salud, perder la confianza puede ser tan grave como perder los recursos.