En Colombia, parece que los nombres cambian, pero los métodos se heredan con una fidelidad asombrosa. La reciente denuncia presentada por el exsecretario de Transparencia, Camilo Enciso, no es solo un titular más de corrupción; es el retrato de una vieja práctica que se resiste a morir: el uso de las entidades estatales como fichas de cambio para aceitar la maquinaria legislativa.

Esta vez el ojo del huracán es Findeter. Lo que debería ser la banca de desarrollo para las regiones, parece haberse convertido, según las denuncias, en una oficina de colocación de empleos y adjudicación de contratos a la medida. Los protagonistas de este nuevo capítulo —Armando Benedetti, Luis Fernando Velasco y la senadora Berenice Bedoya— representan ese cruce peligroso entre la necesidad del Gobierno de sacar adelante sus reformas y el apetito burocrático de quienes tienen el voto en el Congreso.

Lo que resulta especialmente cínico es la precisión del «intercambio». Enciso detalla cómo, mientras se discutían reformas trascendentales en el Capitolio, los familiares de la senadora Bedoya —hijos, yerno y nuera— aterrizaban en cargos estratégicos o lograban contratos en el Ministerio del Interior y el Fondo de Adaptación. ¿Coincidencia? En la política colombiana, la coincidencia es un animal mitológico que nadie ha visto.

El papel de Armando Benedetti, ahora desde el Ministerio del Interior, vuelve a generar suspicacias. No es nuevo su nombre en tramas donde el poder y la influencia se mezclan en cuartos cerrados. De igual forma, Luis Fernando Velasco queda bajo la lupa por presuntamente ofrecer el control de entidades como la Dirección Nacional de Bomberos a cambio de lealtades políticas.

Pero más allá de los nombres, el fondo del asunto es la erosión de la confianza técnica en instituciones como Findeter. Si los contratos para acueductos —como el mencionado en Yarumal— o la supervisión de obras en zonas críticas como La Mojana dependen de quién es el pariente de qué senador, entonces el «cambio» prometido se queda en una simple rotación de beneficiarios en la nómina estatal.

La Fiscalía tiene ahora en sus manos chats, testimonios y documentos que, según el denunciante, prueban este «monitoreo» de contratos. Mientras tanto, el ciudadano de a pie observa con fatiga cómo los recursos destinados al desarrollo territorial terminan, una vez más, alimentando el apetito de una clase política que solo entiende de votos cuando hay un contrato de por medio.

Si Findeter se convirtió en la «caja menor» para salvar reformas, el costo para el país será mucho más alto que el de cualquier adición presupuestal. Es hora de que la justicia opere con la misma velocidad con la que se firman estos nombramientos en época de debates legislativos.