El reciente fallo de la Resolución 1196 de 2026 del Consejo Nacional Electoral (CNE) marca un antes y un después en la forma en que se ejerce la oposición en Colombia. La decisión de imponer medidas de protección a favor de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, frente a las actuaciones del representante Duvalier Sánchez, no es un tema menor ni una simple disputa regional; es la aplicación rigurosa de la Ley 2453 de 2025, diseñada para extirpar un cáncer silencioso: la violencia política de género.

La polémica no radica en el derecho al control político —el cual es sagrado en una democracia— sino en las formas y el fondo del discurso utilizado. El CNE ha sido taxativo: criticar la gestión administrativa es legítimo, pero «cosificar el cuerpo femenino» o «reproducir estereotipos que vinculen el ejercicio del poder con la apariencia» cruza una línea roja que la ley ya no permite ignorar.

El equilibrio entre crítica y agresión

El congresista Duvalier Sánchez ha sostenido que estas medidas son un intento de silenciar las denuncias por presunta corrupción. Sin embargo, el argumento del CNE es poderoso: las denuncias pueden formularse sin recurrir a referencias sexistas. Cuando el debate desvía la atención de los indicadores de gestión hacia la condición de mujer de la mandataria, el mensaje que se envía a la sociedad es que las mujeres en el poder son blancos válidos para ataques personales que un hombre, en la misma posición, rara vez enfrentaría.

«Atacar a una mujer por su género no es oposición, es violencia», afirmó la gobernadora Toro tras conocer el fallo.

Esta frase resume la victoria simbólica que representa la orden de retirar publicaciones y exigir excusas públicas. No se trata de blindar a los funcionarios ante el escrutinio, sino de exigir que el escrutinio sea técnico, ético y respetuoso de la dignidad humana.

Un mensaje para el futuro

Las medidas de reparación impuestas —como la permanencia de las excusas públicas en Instagram por 30 días— buscan un efecto pedagógico. En la era de la viralidad digital, donde el odio suele generar más «clics» que la propuesta, el CNE ha recordado que la libertad de expresión conlleva responsabilidades especiales, especialmente para quienes ostentan una curul en el Congreso.

Colombia está aprendiendo, por la vía legal, que la política no puede seguir siendo un territorio de «todo vale». El respeto a la mujer en la vida pública es un requisito indispensable para una paz política real. Quienes pretendan hacer oposición desde el insulto basado en el género, hoy saben que la justicia electoral tiene los dientes para intervenir.