La investigación que rodea al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, suma nuevos elementos tras la declaración del constructor Johny Giraldo, quien aseguró haber entregado pruebas clave a la Fiscalía sobre la remodelación de un apartamento en Bogotá.

Según el testimonio, la obra habría tenido un costo cercano a los 2.300 millones de pesos, de los cuales el contratista afirma haber recibido aproximadamente 2.000 millones. Giraldo también señaló que parte de los pagos se habrían realizado en efectivo, lo que ahora es materia de análisis por parte de las autoridades.

Uno de los puntos que más ha llamado la atención en la investigación es el papel de la pareja sentimental de Roa, quien, según el contratista, habría tenido una participación directa en el desarrollo de la obra. De acuerdo con su versión, esta persona habría estado involucrada en decisiones sobre los acabados, modificaciones estructurales y coordinación de trabajos, actuando como interlocutora frecuente durante la ejecución del proyecto.

Además, Giraldo indicó que la comunicación sobre aspectos logísticos y ajustes de la remodelación no siempre se hacía directamente con Roa, sino a través de terceros cercanos, lo que ha abierto interrogantes sobre la trazabilidad de las decisiones y de los recursos utilizados.

El contratista también afirmó que entregó a la Fiscalía documentos, registros y evidencias que darían cuenta del flujo de dinero y de cómo se desarrolló la obra. Estas pruebas están siendo evaluadas dentro de una investigación que busca establecer si existieron irregularidades en la financiación del proyecto.

En medio del proceso, Giraldo denunció haber recibido amenazas, situación que añade un componente de riesgo al caso y podría derivar en medidas de protección por parte de las autoridades.

Por su parte, Ricardo Roa ha rechazado las acusaciones y sostiene que la remodelación fue realizada con recursos propios, negando cualquier tipo de irregularidad o financiación indebida.

El caso se desarrolla en un contexto de alta atención pública, no solo por el monto de la obra, sino por el cargo que ocupa Roa al frente de la principal empresa estatal del país. La Fiscalía deberá determinar el origen de los recursos, la legalidad de los pagos y el nivel de responsabilidad de los involucrados.

La investigación sigue en curso y podría tener implicaciones tanto legales como políticas en los próximos meses.