El juicio entre Hollman Morris y Lina Castillo ya no es un asunto personal. Lo que está ocurriendo alrededor del caso convierte este proceso en un problema público de grandes proporciones.

Porque aquí no solo se discute una denuncia.
Aquí se está poniendo en cuestión el uso del Estado.

Y en el centro está RTVC.

Un medio público defendiendo a su jefe

La presencia de periodistas de RTVC cubriendo el juicio de su propio gerente no es un detalle menor. Es un síntoma.

Un síntoma de cómo se diluyen los límites entre lo institucional y lo personal.

Porque no se trata solo de informar. Se trata de quién informa, para quién y bajo qué condiciones.

¿Puede existir independencia cuando el protagonista del proceso es quien dirige el medio?
¿Puede hablarse de objetividad cuando hay una relación directa de subordinación?

La respuesta no necesita rodeos: la duda está instalada. Y eso ya es grave.

La abogada, los contratos y una pregunta incómoda

El caso de la abogada Claudia Patricia Cristancho es aún más delicado.

Es la defensora de Hollman Morris en un proceso personal.
Y al mismo tiempo, es contratista de RTVC con contratos que superan los 400 millones de pesos.

Pero lo más preocupante no es eso.

Lo verdaderamente crítico es que quien supervisa esos contratos es el propio Hollman Morris.

Es decir:
el gerente avala el trabajo de la misma abogada que lo defiende.

Aunque Morris asegura que no hay irregularidades y que paga su defensa de manera independiente, se ha negado a presentar soportes que lo demuestren, argumentando confidencialidad.

Y aquí la discusión deja de ser técnica.

Se vuelve política.
Se vuelve ética.

Porque cuando hay recursos públicos de por medio, la transparencia no es opcional.

Funcionarios en defensa: el caso de Camila Manzanares

La situación se agrava con la presencia de Camila Manzanares, asesora de género de RTVC, en el juicio.

No como observadora.
No como funcionaria institucional.

Sino interviniendo en un proceso que involucra directamente a su jefe.

Esto no es un detalle menor. Es un mensaje.

Un mensaje que deja una pregunta incómoda:
¿la institucionalidad está siendo utilizada para respaldar una defensa personal?

En un caso que además involucra denuncias de acoso y violencias basadas en género, el estándar debería ser más alto, no más flexible.

RTVC en el banquillo de la opinión pública

Aquí no se está juzgando solo a una persona.

Se está evaluando el comportamiento de una entidad pública frente a un conflicto que debió mantenerse en el ámbito privado.

Cuando periodistas cubren a su jefe, cuando contratistas coinciden con intereses personales y cuando funcionarios aparecen en escena en un juicio sensible, el problema deja de ser individual.

Se vuelve institucional.

Lo que no se puede normalizar

Esto no es un ataque.
Es una advertencia.

Porque normalizar estas situaciones abre la puerta a algo más peligroso:
que el poder público pueda ser usado, directa o indirectamente, para resolver problemas personales.

Y eso no es menor en un país donde:

• Las denuncias por violencia de género ya enfrentan enormes barreras

• La confianza en las instituciones es frágil

• Y el uso de recursos públicos está bajo constante cuestionamiento

La pregunta de fondo

La pregunta ya no es si Hollman Morris tiene o no la razón en su proceso judicial.

La pregunta es otra:

¿puede un funcionario público involucrar, así sea indirectamente, a una entidad del Estado en su defensa personal?

Hasta ahora, las respuestas no han sido claras.
Y el silencio —o las explicaciones incompletas— solo profundizan la desconfianza.

Lo que está en juego

RTVC no es un bufete de abogados.
No es una plataforma de defensa personal.
No es un escenario para resolver disputas privadas.

Es un medio público.
Y como tal, debe estar por encima de cualquier interés individual.

Porque cuando lo público se pone al servicio de lo privado, lo que se pierde no es solo la forma.

Se pierde la confianza.