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El clan que voló alto en la Aerocivil: La historia completa detrás de Gabriela Muñoz
Hace apenas unas semanas, Gabriela Muñoz era una influenciadora de 20 años, estudiante de derecho, conocida sobre todo por su cercanía pública con el presidente Gustavo Petro. Hoy es el nombre que resume uno de los escándalos de nepotismo más documentados del final del gobierno: seis miembros de una misma familia contratados en la Aeronáutica Civil, una madre con pasado en inteligencia estatal que admitió haber «recomendado» a todos ellos, y una entidad que, según su propia ministra de tutela, se niega a entregar información completa sobre sus contratos.
Esta es la reconstrucción de cómo se armó —y cómo empezó a desarmarse— ese entramado.
El origen: la denuncia que Angie Rodríguez no calló
Todo comenzó cuando Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación y otrora mano derecha de Petro, amplió sus señalamientos sobre el caso de Juliana Guerrero a otra funcionaria menos conocida. «No solo era Juliana Guerrero. Es, por ejemplo, una señora que se llama Gabriela. Ella en su momento manejó a su antojo la Aeronáutica Civil. Ella se llama Gabriela Muñoz», declaró Rodríguez, quien llegó a describir el caso como «el mismo modus operandi» que el de Guerrero —la joven que, según reveló Semana, habría cobrado comisiones a empresarios a cambio de gestionar contratos estatales.
La comparación no era gratuita ni casual: Rodríguez, además de hacer la denuncia pública, instauró una queja formal contra el presidente Petro por violencia política basada en género, elevando el tono de un conflicto que ya venía de semanas atrás.
El hilo de Briceño: nombramientos el mismo día, resoluciones consecutivas
La denuncia de Rodríguez abrió la puerta para que el representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, expusiera en X un hilo con nombres, fechas y números de resolución que resultó difícil de ignorar.
Según Briceño, Gabriela Muñoz fue nombrada Auxiliar I en la Aerocivil el 30 de mayo de 2025. Ese mismo día, su hermano Santiago David Muñoz Olaya fue nombrado Auxiliar V. La resolución de Gabriela llevaba el número 01224; la de su hermano, el 01225 —consecutivas—. Ninguno de los dos, según el congresista, presentó la declaración de conflicto de intereses que exige la ley para reportar el vínculo familiar.
El patrón no se detuvo ahí. El 17 de enero de 2026 llegó a la entidad Silvana María Muñoz Jaramillo, prima de Gabriela, contratada por prestación de servicios para apoyar actividades «de carácter estratégico» en la Secretaría General, pese a registrar apenas seis meses de experiencia laboral en una empresa sin relación con el sector aeronáutico. Nueve días después, el 26 de enero, llegó Samuel Muñoz Rayo, otro primo, con un contrato de $35 millones por 335 días —cerca de $3 millones mensuales— para labores de gestión documental. Tampoco reportó el parentesco. A la lista se sumó después Daniel Felipe Arias Olaya, señalado por funcionarios de la entidad como otro primo de Gabriela.
Briceño cerró su hilo con una sola pregunta, cargada de ironía: «¿Coincidencias?»
La madre que lo admitió todo
La respuesta a esa pregunta llegó, sorprendentemente, de la propia madre de los hermanos Muñoz. Liliana de las Mercedes Olaya Cabrales, psicóloga que hasta hace poco se desempeñaba como coordinadora de Contrainteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), publicó en sus estados de WhatsApp un mensaje que se convirtió en la confirmación más directa del caso: «Se rasgan las vestiduras porque supuestamente metió a unos primos a trabajar allá, pero se equivocan: no fue ella, fui yo».
En entrevista posterior, Olaya fue aún más explícita: admitió haber recomendado directamente ante el entonces director de la Aerocivil, el general (r) José Henry Pinto Rodríguez, a seis miembros de su familia —sus dos hijos y cuatro sobrinos: Daniel Felipe Arias Olaya, Samuel Muñoz Rayo, Silvana Muñoz Jaramillo y Juan Manuel Galindo Muñoz—. Su justificación fue que estaban «recién graduados» o «estudiando», y que no ganaban «millonadas como dicen».
Lo que la respuesta de Olaya no resolvió es la pregunta de fondo: cómo una recomendación familiar terminó traduciéndose en un nivel de influencia que, según empleados de la entidad, iba mucho más allá de los cargos formales que ocupaban.
«Amiga del señor presidente hace 15 años»
La explicación de cómo se abrió esa puerta la dio, según reveló Semana, el propio exdirector de la Aerocivil, José Henry Pinto. Según su versión, Olaya se presentó en su despacho asegurando ser una persona muy cercana al Gobierno y amiga personal del presidente Gustavo Petro desde hacía unos 15 años —una carta de presentación que, de acuerdo con Pinto, facilitó la evaluación de las hojas de vida de sus hijos.
El vínculo de Olaya con el aparato estatal no era nuevo: había ingresado a la DNI bajo la gestión de Jorge Lemus, exdirector de esa entidad y hombre de confianza del propio Petro. Ese cargo, sumado a la cercanía personal que ella misma reivindicó, terminó siendo la plataforma desde la que se tejió toda la red familiar dentro de la Aerocivil.
El poder que superó los cargos formales
Lo que hace este caso distinto de un simple caso de nepotismo administrativo es lo que empleados de la entidad —bajo condición de anonimato— describieron a Noticias RCN y El Tiempo: pese a haber sido contratados en cargos de nivel auxiliar o asistencial, Gabriela y Santiago Muñoz habrían adquirido un poder desproporcionado. Los testimonios los ubican participando en juntas directivas de alto nivel, en comisiones al exterior, e incluso en reuniones con el propio presidente Petro.
Uno de los episodios más señalados involucra directamente a Santiago Muñoz, piloto comercial de profesión: según los denunciantes, pretendía volar de manera impositiva las aeronaves de la entidad, por encima del personal técnico y sin contar con la experiencia específica requerida para esas operaciones. Los mismos trabajadores señalaron a Santiago Muñoz por presuntos comportamientos de acoso y maltrato laboral, que habrían llevado a la salida de al menos una funcionaria de la institución.
El episodio más tenso de todos ocurrió el 15 de julio, cuando se reportó un incidente en el quinto piso de la Aerocivil, tras una reunión de Santiago Muñoz con el actual director de la entidad, Luis Alfonso Martínez Chimenty. Dos días después, el 17 de julio, Liliana Olaya renunció formalmente a su cargo en la DNI —una coincidencia de fechas que, según fuentes del Gobierno consultadas por El Tiempo, no fue casual.
Una entidad que ya venía bajo sospecha
El escándalo de la familia Muñoz no aterrizó sobre una institución sin antecedentes. La Aerocivil venía enfrentando cuestionamientos por presuntas irregularidades en procesos de contratación multimillonarios desde meses atrás.
A comienzos de julio, Narda Duperly Roa Ibarra, asesora de la Dirección General, renunció denunciando acoso laboral y presiones para firmar estudios previos de un contrato cuya legalidad había cuestionado. Su alerta apuntaba a un proceso del sistema de gestión documental cuyo costo, denunció, había saltado de cerca de $400 millones a una proyección de unos $12.000 millones.
Poco después, el director encargado, Luis Alfonso Martínez Chimenty, expidió una resolución que habilitó sábados, domingos y festivos para «adelantar, aprobar y firmar contratos estatales» por «razones especiales de servicio» —una decisión que, curiosamente, se expidió días antes de que un grupo especial de la Contraloría llegara a inspeccionar la entidad por los crecientes cuestionamientos.
El choque con la ministra de Transporte
El capítulo más reciente lo protagonizó la propia ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien reveló que, pese a ser la máxima autoridad del sector, la Aerocivil no le ha entregado la información completa que solicitó para revisar los contratos de prestación de servicios de la entidad.
«Pedí los contratos de prestación de servicios de la entidad en Excel y de manera completa para poder hacer un análisis de distintas alertas y he recibido una información incompleta. Me ha llegado un PDF donde usted no puede comparar. Es una falta de respeto como ministra», denunció Rojas, quien además reveló que, un día después de solicitar la información, varios procesos de contratación fueron retirados —algo que, a su juicio, permitió evitar riesgos adicionales.
La ministra fue enfática en deslindarse de cualquier responsabilidad sobre lo ocurrido dentro de la entidad: «No soy la abogada defensora de nadie. Quien tiene que responder es el director de la Aerocivil». Confirmó que, por solicitud suya, la Procuraduría y la Contraloría ya adelantan auditorías, y cerró con una advertencia directa al director Martínez Chimenty, a días de que termine el gobierno Petro: «Antes de irse tienen que dejar las cuentas claras».
La respuesta institucional
Frente a la avalancha de denuncias, la Aerocivil emitió un comunicado en el que aseguró que su gestión «se fundamenta en el respeto irrestricto a los principios de transparencia, responsabilidad fiscal y estricto apego a la legalidad», y prometió atender los requerimientos de los organismos de control. «Ningún servidor público de la institución cuenta con privilegios ante la ley ni ante las instancias de fiscalización», se lee en el pronunciamiento.
Gabriela Muñoz, por su parte, ha rechazado públicamente las acusaciones en su contra, ha dicho ser víctima de una campaña de desprestigio y anunció acciones legales contra quienes, según ella, han difundido información falsa sobre su nombre.
El siguiente capítulo: del ejecutivo al Congreso
Lejos de retirarse del ojo público, Gabriela Muñoz tendría, según reveló El Tiempo, un nuevo destino: trabajará en la Unidad de Trabajo Legislativo del representante Marco Emilio Hincapié, del Pacto Histórico. El dato deja abierta una pregunta incómoda sobre si el mismo patrón de influencia que se le atribuye en la Aerocivil podría repetirse ahora desde el Congreso.
Lo que está en juego
Más allá del escándalo de nepotismo, lo que este caso pone sobre la mesa es la fragilidad institucional de la entidad encargada de regular la aviación comercial en un país que, en los últimos meses, ya ha enfrentado incidentes de riesgo en el control de tráfico aéreo en el aeropuerto El Dorado. Que una red familiar sin experiencia técnica haya podido ejercer, según múltiples testimonios, un nivel de influencia superior al de sus cargos formales —en una entidad de la que depende la seguridad aérea del país— es, en sí mismo, un asunto que trasciende el escándalo político.
Con el cambio de gobierno a pocos días —la exgobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, asumirá el Ministerio de Transporte bajo la administración de Abelardo de la Espriella—, la pregunta que queda abierta es si las auditorías en curso lograrán esclarecer a tiempo el entramado de contratos, o si el caso Muñoz terminará sumándose a la lista de escándalos que un gobierno saliente deja sin resolver para el que entra.
