Mientras Abelardo de la Espriella recibía la banda presidencial en Cali, en Bogotá pasaba otra cosa, mucho menos vistosa pero igual de reveladora: el director de la Agencia de Desarrollo Rural, César Augusto Pachón, había firmado dos días antes una resolución para convertir el sábado siguiente —el mismo día de la posesión— en jornada hábil. El objetivo, según el propio documento, era «adelantar actuaciones misionales, administrativas, presupuestales, precontractuales, contractuales y poscontractuales». En español corriente: firmar contratos, y hacerlo rápido, antes de que el nuevo gobierno pusiera un pie en la entidad.

La cifra no es menor: más de 250.000 millones de pesos en trámites, entre ellos un contrato de 190.000 millones con la UNGRD, otro de 70.000 millones para una planta de sacrificio porcino y uno más de 30.000 millones para Casanare. Todo esto, además, habilitado para hacerse por teletrabajo, lo que en la práctica significa que ni siquiera hacía falta pisar la oficina para mover semejante cantidad de plata pública.

La defensa que no explica nada

Pachón salió a los medios el domingo con un tono más de ofendido que de funcionario dando explicaciones. Le pidió al ministro Indalecio Dangond que se «retractara» y lo acusó, junto con otros críticos, de dejarse llevar por «chismes». Es una respuesta legítima si a uno lo acusan sin pruebas. El problema es que la prueba central del caso —la Resolución 407, firmada por el propio Pachón el 6 de agosto, declarando hábil un sábado que normalmente no lo es— no la niega nadie. Existe, está firmada, y su contenido es exactamente el que se denuncia. Pedir que lo desmientan sin desmentir el documento que lo incrimina no es una defensa: es ruido.

Tampoco ayuda la explicación oficial de la ADR, que apeló a principios como «eficacia», «economía» y «celeridad» para justificar la urgencia. Son palabras que suenan bien en cualquier resolución, pero no explican por qué esa urgencia apareció justo el fin de semana del cambio de gobierno, y no en cualquiera de los cientos de sábados anteriores del cuatrienio. El propio Consejo de Estado ha sido claro en que habilitar días inhábiles para actuaciones contractuales debe ser una excepción justificada, no una salida de última hora cuando se acaba el mandato.

Cuando hasta los propios cuestionan

Lo más difícil de ignorar en este episodio no viene de la oposición, sino de la propia orilla política de Pachón. Gustavo Bolívar, senador electo y figura cercana al petrismo, calificó lo ocurrido como algo que lo «avergüenza profundamente» y advirtió que actos así «borran de tajo» los logros de cuatro años de gobierno. Cuando la crítica más dura no viene del adversario sino de la propia bancada, ya no se trata de una pelea entre gobierno saliente y gobierno entrante: se trata de un problema de fondo que ni la izquierda está dispuesta a defender.

Pachón respondió a esa crítica con una frase que dice más de lo que pretende ocultar: que «no se le dispara a un compañero por la espalda». Es una defensa gremial, no una defensa de los hechos. Y confirma, sin quererlo, que lo que está en juego no es una diferencia de opinión política, sino la sospecha razonable de que se usó el último fin de semana de gobierno para cerrar contratos que, en circunstancias normales, habrían esperado al lunes.

Lo que sigue

El ministro Dangond ya anunció que revisará uno a uno esos contratos y no descartó declarar insubsistente a Pachón en cuestión de horas. Es la reacción esperable. Pero la revisión no debería quedarse en el cambio de un funcionario: si en efecto se usaron las últimas horas de un gobierno para tramitar cientos de miles de millones de pesos por la puerta de atrás, el asunto trasciende a la ADR y toca una pregunta más incómoda, la que debería hacerse cada vez que un gobierno cambia de manos en Colombia: ¿cuántas resoluciones como esta se firman, en silencio, en los días finales de cada administración, sin que nadie se entere a tiempo para impedirlo?