Colombia todavía cuenta a sus muertos. Todavía hay familias enteras esperando, con el corazón en la garganta, una llamada que confirme si sus seres queridos están bajo los escombros o entre los sobrevivientes. En medio de esa tragedia, mientras el país entero removía piedras con las manos, se instaló una pregunta que no admite respuestas a medias: ¿por qué, en las horas más críticas, se le cerró la puerta a la ayuda internacional que pudo haber salvado vidas?

Por unos días, la imagen que recorrió el mundo tras el terremoto de 7,4 grados fue la de colombianos removiendo escombros con las manos, exhaustos, mientras gobiernos amigos —México, El Salvador, Estados Unidos— ofrecían equipos de rescate que, según se decía, Colombia no estaba dejando entrar. Cada hora cuenta cuando hay personas atrapadas; cada equipo especializado que se queda en tierra ajena es, potencialmente, una vida que se pierde. La indignación en redes fue inmediata, y absolutamente comprensible, y se dirigió, como era previsible, hacia el gobierno entrante de Abelardo De La Espriella. Esta semana, sin embargo, un documento cambió el eje de la discusión, y con él, la responsabilidad que el país debe exigir.

Se trata de una carta firmada el martes 11 de agosto por Javier Pava, quien para entonces seguía siendo director de la UNGRD pese al cambio de gobierno. En ella, Pava le comunicó a la Cancillería que, de acuerdo con la evaluación disponible en ese momento, el país tenía capacidad suficiente para atender la emergencia sin activar equipos internacionales especializados, y que cualquier solicitud posterior dependería de cómo evolucionara la situación. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, fue enfático al señalar quién tomó esa decisión: quien dirige la UNGRD y encabeza el Puesto de Mando Unificado es la autoridad que define este tipo de solicitudes, no la Cancillería, que solo actúa como canal.

Lara defendió además el criterio técnico detrás de la medida inicial: se pidió apoyo puntual a tres países, no a todos los que se ofrecieron, porque recibir miles de rescatistas sin coordinación se habría convertido en un problema logístico adicional en medio del caos. Como ejemplo citó a Quibdó, donde la etapa de rescate ya se cerró y quedaron cerca de 160 rescatistas disponibles para reforzar otras zonas como Cali, Pereira o Dosquebradas, y a municipios como Quimbaya o Versalles, en Quindío, donde nunca hubo necesidad de labores de búsqueda porque no se reportaron desaparecidos.

La confusión se profundizó con las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien aclaró que a Colombia no ingresaron rescatistas militares oficiales de su país —distintos de los grupos conocidos como Topos—, lo cual alimentó aún más las críticas sobre una supuesta cerrazón del gobierno colombiano ante la ayuda internacional.

Pava, por su parte, no ha aceptado pasivamente el señalamiento. Sostiene que su carta reflejaba una recomendación sujeta a cambios según evolucionara la emergencia, y ha ido más allá: acusó que la difusión de su comunicación tuvo una intención perversa, la de justificar el ingreso de equipos de rescate israelíes a Cali. Es una acusación grave que, hasta el momento, permanece como una afirmación suya y no como un hecho establecido; merece verificación antes de darla por buena en cualquier sentido.

Lo que sí queda razonablemente claro, a partir de la carta y de las declaraciones cruzadas de Lara y Pava, es que la decisión inicial de no activar de inmediato el apoyo internacional no nació en el despacho de De La Espriella, sino en una entidad técnica que, en ese momento puntual, aún estaba en manos de un funcionario del gobierno saliente. Eso no cierra el debate sobre si la decisión fue acertada, ni exime a nadie de responsabilidad. En una tragedia donde cada minuto podía significar una vida rescatada o perdida, no hay margen para la ambigüedad burocrática ni para el «eso no me tocaba a mí». El país merece saber, con nombre y apellido, quién decidió y por qué, y merece saberlo ya, no en un informe que llegue meses después cuando ya nada se pueda corregir.

Lo que sí obliga este documento es a corregir el relato simplificado que circuló primero: la negativa no fue, al parecer, una posición política del gobierno entrante contra la ayuda extranjera, sino una decisión técnica —defendible o no, eso lo dirá la evidencia y no las redes sociales— tomada en el tramo final de una administración que ya no estaba, en la práctica, al mando del país. Pero eso no libra al nuevo gobierno de una pregunta incómoda y urgente: si la decisión no era suya, ¿por qué tardó tanto en revisarla y revertirla, mientras el reloj corría contra las personas atrapadas? La lentitud institucional, venga de donde venga, también cuesta vidas.

Colombia no puede permitirse que la gestión de una tragedia de esta magnitud se convierta en un ping-pong de responsabilidades entre gobiernos salientes y entrantes. Lara ya fue citado al Congreso a explicar lo ocurrido, y ahí, con la seriedad que exige el momento, deberá quedar establecido —sin eufemismos ni medias tintas— quién falló, en qué momento, y qué se va a hacer para que, la próxima vez que la tierra tiemble, ninguna familia tenga que esperar un minuto más de lo necesario por un rescate que estuvo disponible y no llegó a tiempo.