Hay escándalos políticos que se libran con documentos y hay otros que se libran con la voz quebrada de alguien que estuvo, literalmente, dentro de la casa. El de Eva Ferrer y Verónica Alcocer pertenece a la segunda categoría, y por eso mismo resulta tan difícil de digerir para la opinión pública: no es un contralor hablando de cifras, es la que fue su mejor amiga hablando de dinero, de miedo y de traición, en la última semana del gobierno que ambas ayudaron a construir.

El detonante fueron unos audios revelados por la revista Semana, en los que se escucha a Ferrer describir al entorno cercano de la entonces primera dama con una crudeza que no deja espacio a la ambigüedad: «Una mafia. Son criminales. Una banda de criminales». En esas grabaciones —que, según la propia Ferrer, se tomaron sin su conocimiento— se mencionan pagos millonarios en la campaña de 2022, presunta injerencia sobre entidades como Ecopetrol o la Dian, y un estilo de vida en el exterior que ella misma calculó en decenas de miles de euros mensuales. Son señalamientos serios, y la Fiscalía ya abrió una indagación preliminar para determinar si tienen sustento; hasta ahora, y esto importa decirlo con toda claridad, Alcocer no aparece vinculada a ningún proceso penal como indiciada.

Esa distinción no es un tecnicismo menor. Ferrer acusa; Alcocer niega. En la entrevista con Caracol Radio que reavivó la polémica esta semana, Ferrer fue más allá de los audios y calificó a la ex primera dama como «la mayor traidora» del gobierno Petro, por encima de nombres tan pesados como Laura Sarabia o Armando Benedetti. «Deslealtad absoluta», dijo, y agregó una frase que resume el tipo de poder informal que le atribuye: que Alcocer hacía «lo que le da la gana», luego se lo comunicaba al presidente a su manera, y al resto del gobierno le tocaba resolver las consecuencias. Alcocer, por su parte, respondió por escrito a la fiscal general que esas afirmaciones «carecen de todo sustento y no corresponden a la realidad», y se puso a disposición de la justicia.

Lo que hace este episodio especialmente incómodo, más allá de las cifras y los nombres, es el retrato de una estructura de poder paralela que, si los señalamientos llegaran a confirmarse, habría operado durante años a la sombra de la institucionalidad formal. Ferrer bautizó a tres hombres —el empresario catalán Manel Grau, el primo Mario Fernández y el hoy senador Agmeth Escaf— como «los Tres Tenores», en una ironía amarga sobre quienes, según ella, terminaron pesando más en las decisiones de la Casa de Nariño que buena parte del gabinete. Es una acusación grave, propia de quien se siente traicionada y desplazada, y por eso mismo exige ser leída con el mismo rigor con que se lee cualquier denuncia: como una versión que debe contrastarse, no como un veredicto.

Porque conviene no perder de vista algo que suele diluirse en medio del escándalo: Eva Ferrer no es una fuente desinteresada ni un testigo neutral. Es una examiga que reclama honorarios impagos, que reconoce abiertamente un rompimiento personal y profesional con Alcocer, y que tiene un litigio económico pendiente con ella y con Grau. Eso no invalida lo que dice —los audios existen, la Fiscalía los investiga, y las cifras y los nombres que menciona son verificables uno por uno—, pero sí obliga a leer sus señalamientos con el mismo cuidado con que se debe leer cualquier denuncia hecha en medio de un conflicto personal: puede ser cierta, puede estar exagerada por el resentimiento, o puede ser una mezcla incómoda de ambas cosas. Determinar cuál es tarea de la Fiscalía, no de la indignación en redes.

Lo que sí queda como certeza, incluso antes de que la justicia diga la última palabra, es una fotografía incómoda del poder: la de un gobierno que llega prometiendo transparencia y termina, en su último tramo, con su propio círculo más cercano acusándose mutuamente de deslealtad, corrupción y traición ante los micrófonos. Ese retrato, con o sin condena judicial de por medio, ya es en sí mismo un costo político que Colombia no debería normalizar.