La relación entre el Pacto Histórico y las regiones que consolidaron su ascenso político atraviesa su momento más incómodo, y el Valle del Cauca es el reflejo más crudo de esa desconexión. El departamento, que aportó un caudal de votos decisivo para el proyecto político de Gustavo Petro e Iván Cepeda, terminó su ciclo de gobierno con la sensación de haber sido, sobre todo, un escenario utilitario: indispensable para las marchas de respaldo y los mítines de plaza pública, pero secundario cuando la agenda exigía presencia institucional sostenida y obras concretas.

Durante los cuatro años de gobierno de Petro, el liderazgo regional denunció repetidamente un freno a los proyectos que garantizan el futuro del departamento. El Tren de Cercanías, la doble calzada Mulaló-Loboguerrero y la modernización aeroportuaria quedaron atrapados en trámites y discusiones presupuestales bajo el argumento de la austeridad fiscal. Para los críticos locales, resultaba contradictorio que esa misma austeridad no pareciera aplicar con igual rigor a la logística del activismo político desplegado en las calles del Pacífico y el suroccidente. La percepción que quedó instalada en buena parte de la opinión vallecaucana fue simple: hubo recursos de sobra para la movilización electoral, pero cuentagotas para el desarrollo.

El terremoto de este agosto de 2026 —ocurrido apenas tres días después de que el Pacto Histórico entregara el poder tras la posesión de Abelardo De La Espriella— añadió una capa distinta al debate, no una repetición del mismo reclamo. Convertido ya en oposición, el Pacto no fue el responsable de coordinar la respuesta institucional a la emergencia; ese peso recayó en el nuevo Gobierno, que desplegó, entre otras medidas, el Buque Hospital Benkos Biohó hacia el litoral Pacífico y activó los canales de la Cancillería para la ayuda internacional. Pero la salida de escena no fue completa: dirigentes y congresistas del Pacto mantuvieron una presencia visible en los territorios afectados, en buena medida para cuestionar la gestión de administraciones locales como la Alcaldía de Cali, lo que generó su propia controversia sobre si esa era la actitud que ameritaba el momento. El propio senador Gustavo Bolívar tuvo que salir a frenar a sectores de su propio movimiento por publicaciones que consideró «inhumanas» en plena tragedia.

A esa doble cara se sumó, en los días más recientes, una serie de episodios que muchos describen como un daño autoinfligido por la propia dirigencia del Pacto Histórico. El más documentado fue el de Gustavo Petro, quien en plena emergencia publicó en X una serie de fotografías luciendo una chaqueta regalada por artesanos y contó, en el mismo mensaje, que había pasado la tarde preparando spaghetti alla matriciana —una publicación que le valió una lluvia de críticas por lo que muchos calificaron como indolencia frente al drama que vivía el país—. A ese episodio, críticos del partido suman otros señalamientos —actos de celebración institucional, cuestionamientos por presunta difusión de información no verificada y denuncias sobre el estado en que quedaron algunas entidades tras el cambio de gobierno, entre ellos casos que involucrarían a congresistas como Alexander López y Kevin Gómez—, aunque estos últimos puntos corresponden a acusaciones que aún deben confirmarse con mayor detalle antes de darlas por establecidas.

Esa doble cara —silencio en la ejecución de obras durante años de gobierno, ruido político durante la emergencia ya en la oposición— es, en el fondo, la misma queja de siempre expresada de dos maneras distintas: la de una región que sintió que el partido político al que le dio sus votos supo usar su fuerza electoral, pero no correspondió con la misma intensidad cuando se trataba de invertir tiempo institucional y presupuesto en su desarrollo.

Los defensores del Pacto Histórico rechazan esta lectura y la consideran una simplificación interesada. Argumentan que buena parte de los retrasos en la infraestructura vallecaucana responde a restricciones fiscales estructurales y a la falta de una Ley de Financiamiento que, según sostienen, la propia oposición de entonces contribuyó a bloquear en el Congreso. Y frente al terremoto, insisten en que su respuesta como partido —habilitar puntos de recolección de ayuda, aportar parte de los salarios de sus congresistas a la Cruz Roja y exigir públicamente mejoras en la atención a las víctimas— fue oportuna y solidaria, no oportunista.

Más allá de qué versión resulte más convincente, el debate en el Valle del Cauca deja una lección que trasciende a un solo partido: la tensión histórica entre las promesas de campaña y las crudas realidades presupuestales no desaparece cuando cambia quién gobierna, y una región que se sintió usada como tarima durante cuatro años difícilmente olvida esa sensación solo porque el color político en el poder haya cambiado. El Valle del Cauca, hoy, exige lo mismo que llevaba años pidiendo: menos promesas de plaza pública y más obra ejecutada, venga de donde venga.