De todo el voluminoso y preocupante informe de la Contraloría, hay un dato que sobresale con contundencia por encima de los demás y que constituye el núcleo más escandaloso de esta investigación: los 7 billones de pesos girados a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) justo en medio de la estampida contractual de las últimas cinco semanas.

No se trata de una cifra abstracta. Estamos hablando de que una entidad con los peores antecedentes recientes de corrupción del país —famosa por haber sido utilizada como caja menor para comprar voluntades en el Congreso— recibió esa avalancha de recursos a quemarropa, sin que hubiera una contraprestación eficiente para los colombianos, ironicamente mientras miles de familias sufrían las consecuencias de las inundaciones provocadas por el frente frío.

A esto se le suma la sofisticación de la anomalía técnica detectada por los auditores:

• Pagos ejecutados el mismo día de la firma del contrato por el ciento por ciento del valor.

• Desembolsos duplicados o múltiples a un mismo beneficiario desde diferentes ministerios con idénticos soportes de ejecución.

• 6 billones de pesos perdidos en la nebulosa de los gastos generales del Ministerio de Salud y los huecos financieros en la Fiduprevisora con los proveedores de salud del magisterio.

Este es el verdadero foco que enciende las alarmas: utilizar la urgencia administrativa y el final de un mandato como coartada para vaciar el presupuesto sin trazabilidad.