Durante meses se dijo que Juliana Guerrero, la joven de 24 años cercana a Gustavo Petro, nunca llegó a tener poder real en el Ministerio de la Igualdad. Que su caso era el de una aspirante frustrada a viceministra de las Juventudes, frenada por una hoja de vida llena de títulos falsos. Un acta del 13 de junio de 2025 sugiere otra cosa.

Es el registro de la quinta sesión del Consejo Directivo del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial, FonIgualdad. Guerrero figura en la lista de invitados como jefe de gabinete presidencial del despacho del ministro del Interior, Armando Benedetti. Pero lo que hizo en la reunión no corresponde a un invitado.

Habría pedido un informe sobre los avances en las directrices que dio el presidente. Habría pedido también el reporte de ejecución presupuestal y dejó sobre la mesa la preocupación de la Presidencia por la baja ejecución. Y, ya al final, propuso terminar el encuentro y cambiar la forma de votar: dejar abierta la votación por 48 horas y hacerla por correo electrónico. Con eso, queda la imagen de alguien que habla como emisaria directa del Palacio y organiza la reunión.

Dos cargos y una firma. El acta deja más dudas que certezas. Guerrero se presenta primero como funcionaria del Ministerio del Interior. Pero en la parte final, donde aparece su firma de puño y letra, dice pertenecer a la Presidencia como asesora de jefatura, y deja un correo adscrito a ese despacho. La pregunta es inevitable: ¿cuál de los dos cargos era el real? ¿O mintió en el documento?

El mismo registro incluye a Verónica Guerrero, hermana de Juliana, presente como asesora del director del Fondo. Eso no prueba por sí solo una irregularidad, pero sí suscita preguntas legítimas sobre cómo llegaron las dos hermanas a esa mesa.

El antecedente. Guerrero fue propuesta por Petro como viceministra de las Juventudes. Angie Rodríguez, entonces directora del Dapre, no admitió su hoja de vida por las irregularidades en sus títulos, y esa decisión no cayó bien en el Palacio: según el relato de la propia exfuncionaria, el entonces presidente emprendió una ola de acciones coercitivas contra ella. Con el tiempo, la justicia le dio la razón a Rodríguez. Guerrero fue condenada a tres años de prisión por fraude procesal por usar títulos falsos de la Fundación Universitaria San José.

Un ministerio en el abandono. Las actas no son lo único que sale a la luz tras la liquidación de la cartera. El Ministerio de la Igualdad, creado el 29 de junio de 2023 para promover la igualdad de género y atender a poblaciones marginadas, tuvo una ejecución de entre el 2 % y el 5 %, con cinco viceministerios y 24 programas sociales. Lo hallado después sugiere más un fortín político y una catapulta de popularidad que un ministerio:

• Un retraso de dos meses en nómina, primas y seguridad social para los empleados.
• 744 cargos en el ministerio, de los cuales se eliminaron 467, con algunos duplicados o sin funciones. FonIgualdad tenía más de 1.000.
• Funcionarios de otras entidades que migraron a la cartera sin que se suprimieran sus cargos anteriores, lo que generó dobles cargos dentro del Estado.
• Arriendos y servicios públicos vencidos, con deudas superiores a los 2.000 millones de pesos, 85 procesos activos y dos requerimientos de la Fiscalía vencidos.
• Estados financieros reportados solo hasta el 31 de marzo, con un vacío hasta el 7 de agosto, cuando se entregó la cartera.
• Ocho pisos arrendados en el Centro de Comercio Internacional, de los cuales solo se usaban tres.
• 24 programas sociales desfinanciados para 2026 y 2027.
• Una bodega con donaciones de la Dian por cerca de 17.000 millones de pesos que nunca llegaron a las poblaciones necesitadas y hoy valen menos de 2.000 millones tras su deterioro.

La recuperación. El Gobierno actual dice haber recuperado cerca de 233.000 millones de pesos, con una meta cercana a los 400.000 millones: 100.000 irían al fondo de la reconstrucción y 300.000 a los programas. Se pasaría de 24 a 11 programas, que se reubicarían así: cuatro en Prosperidad Social, cinco en el Ministerio del Interior y uno en el Ministerio de Vivienda.

La lección incómoda. Que Guerrero no entrara formalmente como viceministra no significa que no tuviera poder. El acta muestra a una mujer sin la calificación que el cargo exigía, y condenada después por fraude, presidiendo en los hechos una reunión donde se decidía sobre recursos para poblaciones vulnerables. Esa es la pregunta que la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría tendrán que responder: no solo cuánto se perdió, sino quién mandaba.