Mientras el país discute presupuestos y mayorías en el Congreso, otra crisis se libra a ras de tierra: decenas de incendios forestales avanzan sobre el territorio nacional, con el Tolima como epicentro de una tragedia que ya combina sequía, fenómeno de El Niño y, según las autoridades, intervención humana.

Un país en llamas, departamento por departamento

Con corte al 27 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) reportaba 21 incendios activos en cinco departamentos, dos controlados y otros 21 en seguimiento. El Tolima concentra la mayor parte de la emergencia, con 11 focos, seguido de Nariño (5), Cundinamarca (2), Valle del Cauca (2) y Huila (1).

En Tolima, los puntos más críticos se ubican en Suárez, San Luis, Armero, Coello, Guamo, Ambalema, Ataco, Lérida, Rovira, Purificación y Carmen de Apicalá. En Valle del Cauca, El Cerrito y Yumbo enfrentan focos en varias veredas; en Cundinamarca, la actividad se concentra en La Vega y Nilo; en Nariño persisten cinco incendios repartidos entre La Florida, Linares, Cumbal, El Tambo y San Pablo; y en Huila, el municipio de Nátaga permanece bajo vigilancia.

El balance mensual agrava el panorama: solo en agosto, Cundinamarca registró 235 incendios forestales con cerca de 1.589 hectáreas afectadas en 50 municipios. En lo que va de 2026, el departamento acumula 728 incendios y aproximadamente 2.375 hectáreas quemadas en 75 municipios.

La sospecha de la mano humana

La Ungrd ha sido enfática en un punto que cambia la lectura de la crisis: aunque los meses secos —julio, agosto, diciembre y enero— elevan el riesgo climático de incendios, la mayoría de los siniestros forestales del país tienen origen en el descuido o en la acción deliberada de las personas.

Esa sospecha tomó fuerza cuando el propio presidente Abelardo de la Espriella viajó al municipio de San Luis, Tolima, para presidir un comité de emergencia y hablar de «manos criminales» detrás de buena parte de los focos activos. El mandatario fue más allá al señalar que existiría una intención previa de generar caos a través del fuego, y anunció una recompensa de $50 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables.

Las autoridades locales elevaron la apuesta: el departamento ofrece ahora hasta $500 millones por datos que conduzcan a la captura de dos presuntos responsables identificados como alias Yamaha y alias Amazonas, además de los $50 millones ya ofrecidos por información general sobre los incendios provocados.

El despliegue operativo

Para contener la emergencia, el Tolima activó un grupo especializado de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional dedicado a investigar y judicializar a quienes provoquen incendios de manera intencional. En las zonas críticas permanecen cerca de 300 soldados, apoyados por drones, vehículos especializados y aeronaves que ya acumulan más de 40 horas de vuelo y cerca de 400 descargas de agua, equivalentes a unos 617.800 litros.

Hasta el momento, solo dos incendios han sido controlados en todo el país: uno en Policarpa (Nariño) y otro en Venadillo (Tolima).

El otro costo: el sector ganadero

Detrás de las cifras de hectáreas quemadas hay una crisis económica que golpea directamente a los pequeños productores. En Ortega, Tolima, el alcalde Diego Matiz alertó que cerca de 35 mil cabezas de ganado están en riesgo, sin alimento ni agua disponibles. La administración local logró gestionar cerca de setenta toneladas de heno con empresarios de Tolima y Bogotá para distribuir entre los ganaderos más afectados, mientras hizo un llamado a la solidaridad departamental y nacional.

Ante la gravedad de la situación, Ortega declaró Alerta Roja mediante el Decreto 072, que prohíbe cualquier tipo de quema y el uso de pólvora en zonas rurales, restringe actividades recreativas en fuentes hídricas y limita el uso no esencial del agua, en lo que las autoridades municipales describen como una de las emergencias ambientales más graves en la historia reciente del municipio.

El Gobierno nacional, por su parte, anunció que los afectados por los incendios en Tolima recibirán 343 subsidios de $65 millones cada uno, además de otras ayudas, en momentos en que el propio presidente ha calificado la situación del departamento como una de las más difíciles de su historia.

Una crisis que exige algo más que recompensas

El expediente que deja esta semana es el de un Estado reaccionando en varios frentes a la vez: fuerza pública para perseguir presuntos incendiarios, ayuda humanitaria para las familias, subsidios para la reconstrucción y una narrativa oficial que apunta directamente a la existencia de actores interesados en generar caos. Pero la magnitud del fenómeno —cientos de incendios acumulados en lo que va del año solo en Cundinamarca, miles de hectáreas perdidas y un sector ganadero al borde del colapso en varios municipios— sugiere que la solución no puede limitarse a la captura de responsables puntuales.

Con el fenómeno de El Niño aún activo y los meses secos por delante, la pregunta que queda sobre la mesa es si la institucionalidad ambiental del país —more allá de la coyuntura policial— está preparada para lo que viene, o si Colombia seguirá administrando esta crisis incendio por incendio, departamento por departamento.