Hay episodios en la política colombiana que no necesitan explicación para generar sospecha, y este es uno de ellos. El 19 de agosto, apenas una semana después de la posesión de Abelardo de la Espriella, los 17 integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara —incluidos cinco representantes del Pacto Histórico— votaron por unanimidad para pedirle a la Fiscalía que le entregue al Congreso la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por la masacre de El Aro, ocurrida en 1997 en Ituango, Antioquia.

La decisión, aprobada sin un solo voto en contra ni una sola voz disidente, llegó apenas dos semanas antes de que Uribe estuviera citado a indagatoria ante la Fiscalía, el 4 de septiembre. El momento no es casualidad: es, como mínimo, una coincidencia que beneficia directamente al expresidente en el momento judicial más delicado de este capítulo de su carrera política.

La aritmética que no cuadra

Lo primero que salta a la vista es el contraste entre el discurso y el voto. Mientras el senador Iván Cepeda —histórico contradictor judicial de Uribe— insiste públicamente en que debe ser la Fiscalía la que conserve la competencia para investigar la masacre, «con las debidas garantías procesales», sus copartidarios en la Cámara votaron exactamente en la dirección contraria. Representantes como Heráclito Landinez, Gabriel Becerra, María del Mar Pizarro, David Alejandro Toro y Jorge Hernán Bastidas avalaron una solicitud que originalmente presentó el abogado defensor de Uribe, Jaime Granados, y que busca trasladar el proceso a un escenario político —el Congreso— en lugar de uno judicial.

La propia fiscal general, Luz Adriana Camargo, salió al paso en menos de 48 horas para señalar lo que parece un error de fondo en el argumento de la defensa: la masacre de El Aro no ocurrió mientras Uribe era presidente, sino cuando era gobernador de Antioquia, lo que debilitaría la tesis de que le corresponde a la Comisión de Acusación asumir el caso. El asunto, ahora, quedará en manos de la Corte Constitucional.

¿Trámite inocente o jugada política?

La defensa de quienes votaron a favor de la solicitud es que se trató de una cuestión meramente procesal —un conflicto de competencias— y no una decisión de fondo sobre la culpabilidad o inocencia de Uribe. Es un argumento técnicamente válido: aprobar que un órgano revise si tiene competencia no equivale a blindar a nadie. Pero en política, las formas también son fondo, y el momento elegido —a días de una indagatoria clave— vuelve difícil de sostener que se trató de un trámite más.

Hay una lectura que empieza a circular entre los propios parlamentarios y que resulta, cuando menos, inquietante: que detrás de este voto no hay una simple cortesía procedimental, sino el cálculo de que Gustavo Petro, ya como expresidente y con más de 200 investigaciones penales y disciplinarias sobre sus hombros —incluida la de la financiación irregular de su campaña de 2022—, podría necesitar en el futuro el mismo tipo de blindaje institucional que hoy recibe Uribe. Si la Comisión de Acusación se convierte en el destino natural de los expresidentes investigados, ambos bandos podrían terminar beneficiándose del mismo mecanismo.

Ese cálculo, real o no, es el que le da sentido a una pregunta que no debería quedar sin respuesta: ¿por qué representantes de un partido que ha construido buena parte de su identidad política en la confrontación judicial con Uribe terminaron votando, sin fisuras, a favor de una solicitud presentada por su propio abogado defensor?

La pregunta que queda pendiente

Es revelador que el Centro Democrático haya intentado tramitar esta misma solicitud en el periodo legislativo anterior sin éxito, cuando la Comisión era presidida por una aliada del petrismo. El cambio de correlación de fuerzas en el Congreso, sumado a la salida de Petro del poder, parece haber creado las condiciones para que una solicitud que antes no prosperaba, hoy se apruebe en menos de una hora y sin oposición visible.

Puede que se trate, en efecto, de un simple conflicto de competencias que la Corte Constitucional resolverá con criterios estrictamente jurídicos. Pero el costo político de ese silencio unánime ya está pagado: por primera vez en mucho tiempo, uribismo y petrismo coincidieron en un voto que, cuando menos en las formas, terminó pareciéndose más a un pacto de no agresión entre expresidentes investigados que a un ejercicio de control político independiente.