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En el teatro de la política colombiana, la estética de las formas a menudo pesa más que la solidez de los resultados. Pocos fenómenos recientes en el suroccidente del país ilustran mejor esta tensión que la trayectoria de Duvalier Sánchez.
Tras dar el salto al Senado de la República para el periodo 2026-2030, donde resultara electo con 72.427 votos por la coalición Alianza por Colombia (Partido Alianza Verde), su estilo revalida un interrogante de fondo:
¿dónde termina la veeduría genuina y dónde empieza la política del espectáculo digital y la estigmatización? En la plenaria del Capitolio, Sánchez proyecta la imagen del político reconciliador. Propuestas como el «minuto de abrazo» para romper la polarización o sus llamados a desescalar la violencia verbal se venden como una bocanada de aire fresco frente a la crispación parlamentaria.
Sin embargo, cuando la cámara de la plenaria se apaga y el escenario se traslada a la realidad territorial o al control político de las regiones, la narrativa del diálogo y la desescalada cede su lugar a la confrontación punzante, al sesgo ideológico del ala petrista y al cálculo en redes sociales. Del control político a la sanción por violencia política Nadie cuestiona que la función legislativa incluye la fiscalización vehemente.
El problema no es el control fiscal o la oposición, sino el método del señalamiento personal. El caso con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, dejó de ser una simple pugna mediática para convertirse en un precedente legal e institucional. La mandataria denunció un “hostigamiento persistente y sistemático” en su contra, recurriendo a acciones amparadas en la Ley 2453 de 2025 (que sanciona la violencia política contra las mujeres) y logrando decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) que ordenaron al congresista rectificar y retirar publicaciones por vulneración de derechos.
Este patrón se repitió ante la alta dirección del ICBF, donde tras debates acalorados y la difusión de piezas audiovisuales editadas en plataformas digitales, la funcionaria interpuso denuncias ante la Fiscalía argumentando hostigamiento, acoso e intimidaciones contra su seguridad. Incluso en sus filas de la Alianza Verde, choques en Palmira con el concejal Juan Felipe Bolaños revelaron cómo los propios dirigentes locales de su partido son expuestos al escarnio público bajo la etiqueta de «traidores» si difieren de su tono de confrontación radical.
La mentira en la tragedia del sismo El punto crítico donde el relato del congresista colisionó con la realidad ocurrió durante el trágico sismo que sacudió la región —una emergencia de *magnitud 7,4 que dejó 281 muertos y más de 3.000 heridos*. En medio del dolor y la desesperación en el Valle del Cauca, Sánchez irrumpió con megáfono en mano y equipos de grabación en las zonas operativas de rescate, generando el rechazo unánime de los socorristas que le exigían estricto silencio técnico para detectar signos de vida bajo los escombros. Peor aún fue la narrativa montada sobre la ayuda internacional. Sánchez aseguró en plataformas digitales haber gestionado el despliegue de la reconocida brigada Topos Azteca (compuesta por 28 rescatistas y dos vuelos con ayuda humanitaria*).
La propia comandancia mexicana desmintió categóricamente al congresista mediante un comunicado público, aclarando que no tuvieron contacto previo con él y que su ingreso a Colombia obedeció a coordinaciones logísticas directas con las administraciones locales y los organismos oficiales. La mentira expuso la fragilidad de un estilo que no dudó en instrumentalizar una catástrofe humanitaria para adscribirse un logro ajeno en redes sociales.
La urgencia de la coherencia Sánchez ha consolidado su curul alineado al ala más dogmática del petrismo dentro de la Alianza Verde, actuando como escudero del Ejecutivo mientras abandona la neutralidad de sus veedurías. La renovación de las costumbres políticas no puede reducirse a dominar el algoritmo de las redes o vestir el chaleco del control ciudadano mientras se apela al matoneo, a las falsedades mediáticas y al oportunismo en la tragedia. El electorado que le dio el aval en las urnas requiere veedurías severas, pero también respeto por las instituciones, empatía real y una profunda coherencia entre el abrazo conciliador que predica en la capital y el megáfono divisor que acciona en las provincias.





