Un informe reciente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha generado una controversia nacional al señalar a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, como «comandante» del grupo paramilitar conocido como ‘Los 12 Apóstoles’. Según el informe, la organización, que inició actividades en el norte de Antioquia en 1992, fue creada bajo el nombre de ‘Autodefensas del Norte Lechero’ y recibió el apoyo de figuras locales, entre ellas el ganadero Santiago Uribe y el sacerdote de Yarumal Gonzalo Palacios.

El Grupo de Análisis de la Información de la JEP, encabezado por Juan Felipe Arboleda, sostiene que las operaciones de ‘Los 12 Apóstoles’ se planificaban en la hacienda La Carolina, propiedad de la familia Uribe. «En la hacienda La Carolina, el comandante del distrito de la Policía, junto a Santiago Uribe Vélez y el párroco Gonzalo Palacios, concertaban las operaciones y determinaban los blancos,» afirmó Arboleda durante una audiencia de la JEP.

El documento también expone la dinámica de operación de ‘Los 12 Apóstoles’, señalando que sus acciones violentas buscaban «brindar seguridad a las actividades económicas legales e ilegales de quienes los apoyaban», con un saldo de al menos 404 víctimas en las zonas de Yarumal, Valdivia y Santa Rosa de Osos. Entre los testimonios que sustentan el informe figura el del mayor retirado de la Policía Juan Carlos Meneses, quien también ha implicado directamente a Santiago Uribe como responsable de coordinar actividades paramilitares en la región.

Respuesta de Álvaro Uribe y cruce de declaraciones con Petro

Este informe ha exacerbado las ya tensas relaciones entre el expresidente Uribe y el actual mandatario, Gustavo Petro. En respuesta a las revelaciones, Álvaro Uribe recurrió a sus redes sociales para acusar al presidente Petro de intentar presionar a la justicia en el caso de su hermano. En sus mensajes, Uribe afirmó que Petro busca «suplantar la justicia» y lo comparó con el presidente venezolano Nicolás Maduro. «Es grave que siga el ejemplo de Maduro,» señaló el exmandatario.

La polémica se intensificó luego de que Petro recordara, en un discurso reciente, sus denuncias de 2007 sobre los vínculos entre paramilitarismo y figuras políticas en Antioquia. Petro hizo referencia a las Convivir, organizaciones de seguridad privada formadas durante la gobernación de Álvaro Uribe en Antioquia, que, según Petro, se convirtieron en estructuras paramilitares. El mandatario también mencionó el rol del sacerdote de Yarumal, quien supuestamente facilitaba información a ‘Los 12 Apóstoles’ sobre individuos de izquierda, que luego serían blanco de atentados.

Uribe respondió enérgicamente a estas declaraciones, reiterando la inocencia de su hermano Santiago y apuntando a presuntas irregularidades de Juan Fernando Petro, hermano del presidente, en el llamado «Pacto de la Picota». «Mañana nos vemos con lo de mi hermano, que no me meteré con el suyo porque el mío no fue a las cárceles a sobornar bandidos para que me eligieran,» enfatizó Uribe.

Expectativa por la Sentencia

El próximo 13 de noviembre se espera que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia dicte sentencia en el caso de Santiago Uribe, cuyo juicio por presuntos nexos con el paramilitarismo lleva más de tres años en curso. Este veredicto podría marcar un punto decisivo en la relación entre el gobierno de Petro y la oposición encabezada por Álvaro Uribe, así como en el debate nacional sobre la influencia del paramilitarismo en la historia reciente del país.

Impacto en la Opinión Pública y Reacciones Políticas

La controversia ha generado reacciones mixtas en Colombia. Mientras algunos sectores apoyan la labor de la JEP y consideran que se está haciendo justicia con la exposición de las estructuras paramilitares en Antioquia, otros cuestionan la credibilidad de los testimonios que han conducido a estos señalamientos. El abogado de Santiago Uribe, Jaime Granados, ha calificado como «controversiales» las declaraciones en el expediente de la JEP y sostiene que los testimonios no gozan de «credibilidad».

Este caso continúa acaparando la atención pública en Colombia, evidenciando las profundas divisiones en torno al papel del paramilitarismo y sus implicaciones políticas. La respuesta de la justicia, así como la reacción de los principales líderes del país, reflejarán hasta qué punto estos eventos impactan en la búsqueda de verdad y reconciliación en Colombia.