El partido político Centro Democrático ha emitido un duro pronunciamiento contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), acusándola de cometer graves imprecisiones y de faltar a la verdad en su reciente informe sobre los falsos positivos en Colombia. Según el comunicado emitido el 29 de noviembre, la JEP incurre en un error al afirmar que hubo una «supuesta política de facto» que favoreció el conteo de cuerpos en la lucha contra el terrorismo, cuando las estadísticas oficiales, según el partido, demuestran lo contrario.

La controversia se originó a raíz de las declaraciones de la JEP sobre los falsos positivos, un tema que ha generado un debate intenso en el país debido a las diferentes cifras de víctimas que circulan. En el comunicado, el Centro Democrático subraya que, durante el período de 2002 a 2010, bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se registraron 53.000 desmovilizados, 36.000 capturados y 13.900 bajas en combates legítimos. Este dato, señalan, refuerza la idea de que la política de seguridad democrática no buscaba, como sugiere la JEP, la «muerte del último guerrillero» como un objetivo para alcanzar la paz.

El partido político, además, cuestiona la falta de evidencia por parte de la JEP sobre la existencia de una política sistemática que priorizara la contabilización de muertes, sin especificar los elementos mínimos que deberían acompañar la afirmación. En particular, el Centro Democrático señala la falta de claridad sobre los responsables de la supuesta política de facto, el contexto en el que se implementó y quiénes estuvieron involucrados en su ejecución.

«Es un acto irresponsable que lo único que logra es estigmatizar a la Fuerza Pública y sus comandantes», manifestó el partido, asegurando que las declaraciones de la JEP perjudican la imagen de la institución y alimentan la «propaganda construida por los enemigos y contradictores» del gobierno de Uribe.

En su conclusión, el Centro Democrático sostiene que la JEP está perdiendo su enfoque original, que debía centrarse en satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Según el partido, la Jurisdicción se ha desviado de su propósito y se ha convertido en un “instrumento de venganza política”, afectando la credibilidad de su labor.

La polémica sobre los falsos positivos sigue siendo uno de los temas más candentes en la política colombiana, con diversas versiones sobre los hechos ocurridos durante el conflicto armado. Mientras la JEP continúa su labor de investigación, el debate sobre las responsabilidades y las cifras sigue dividiendo a la opinión pública.