La política colombiana tiene una memoria corta, pero una sed de burocracia insaciable. Durante décadas, los sectores progresistas criticaron —con justa razón— el clientelismo y la concentración del poder en manos de unas pocas familias. Sin embargo, tras la reciente denuncia de la representante Katherine Miranda, el país se despierta con una realidad que parece extraída de los mismos manuales que el actual Gobierno prometió quemar: el nepotismo no se ha ido, solo ha cambiado de apellido.

La denuncia de Miranda es quirúrgica y demoledora. Según las pruebas presentadas, el círculo familiar del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha recibido más de 3.000 millones de pesos del Estado desde que Gustavo Petro asumió la presidencia. No hablamos de un caso aislado, sino de un despliegue familiar que abarca desde la esposa hasta los sobrinos, pasando por el hijo y el hijastro, ubicados estratégicamente en diversos nodos de la administración pública.

El inventario de contratos resulta, como mínimo, éticamente cuestionable. María Clara Berrocal (cuñada) con contratos en la JEP por casi 400 millones; Sebastián Jaramillo (sobrino) en MinCiencias; Camilo Andrés Jaramillo (sobrino) con 12 contratos que superan los 1.400 millones, a pesar de tener antecedentes por el caso Odebrecht; y el hijo del ministro, Alejandro Jaramillo, dirigiendo ProColombia en el Reino Unido con un sueldo mensual que envidiaría cualquier profesional de alto nivel.

Pero el punto más sensible, y quizás el más cínico, es el que toca la salud de los colombianos. Mientras el ministro Jaramillo lidera una reforma que pretende «democratizar» los recursos y se queja de la falta de presupuesto, su hijastro, Sebastián Laverde Gómez, ha sido contratista de la ADRES (la entidad que maneja la plata de la salud) y su esposa, Beatriz Eugenia Gómez, ejerce como superintendente delegada para prestadores de salud. Es decir, la familia no solo vive del Estado, sino que vigila y administra el sector que el propio ministro comanda.

¿Es esto ilegal? La justicia lo determinará. Pero lo que es indiscutible es la quiebra moral del discurso. No se puede hablar de «justicia social» y de «acabar con las mafias políticas» cuando, al cerrar la puerta, se firman contratos millonarios para los propios.

La representante Miranda lo resumió con una frase que retumba en los pasillos del Congreso: «El cambio salió chimbo». Y tiene razón. Si la meritocracia fue reemplazada por el árbol genealógico del ministro de turno, lo que estamos presenciando no es una transformación, sino una simple redistribución del botín estatal. Colombia no votó para cambiar un clan por otro; votó para que el mérito, y no el apellido, fuera la llave de entrada al servicio público. Hoy, esa promesa parece naufragar en las cuentas bancarias de la familia Jaramillo.