En Colombia, la legalidad no siempre es sinónimo de legitimidad. Y eso es precisamente lo que vuelve a ponerse sobre la mesa con el reciente contrato por $4.836 millones otorgado a la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) por el Ministerio de Minas y Energía.

En el papel, todo parece ajustarse a la norma. La contratación directa está contemplada en la ley y, en este caso, incluso se firmó justo antes de que entrara en vigor la Ley de Garantías. Pero en política —y más en tiempos electorales— las decisiones no solo se miden por su legalidad, sino por su transparencia, su oportunidad y, sobre todo, por las señales que envían al país.

Y aquí las señales son, como mínimo, incómodas.

El director de Pares, León Valencia, no solo lidera la organización que recibe cerca de cinco mil millones de pesos del Estado, sino que al mismo tiempo promueve públicamente un libro sobre el senador Iván Cepeda, una de las figuras más representativas del proyecto político del Gobierno.

Como si fuera poco, dentro de la misma fundación figura como columnista la hija del presidente Gustavo Petro.

Insistamos: nada de esto es ilegal. Pero tampoco es menor.

Porque cuando se suman estos elementos —contratación directa, cercanía ideológica, promoción política y vínculos familiares— lo que emerge no es necesariamente un delito, pero sí un escenario que erosiona la confianza pública. Y en un país con un historial tan complejo en materia de contratación estatal, la confianza no es un detalle: es el activo más frágil.

Más aún cuando hay otros factores que agravan la discusión. El contrato no solo se adjudicó sin competencia, sino que además aumentó en más de mil millones de pesos frente a su estimación inicial. Y su ejecución implica desembolsos cercanos a los $440 millones mensuales.

¿Está justificado? Puede ser.
¿Está bien explicado? Esa es otra historia.

El Gobierno ha defendido su apuesta por fortalecer la participación comunitaria y el llamado “control social”. Y en teoría, ese objetivo es loable. Nadie puede oponerse a que las comunidades tengan más voz en las decisiones que afectan sus territorios.

Pero el problema no es el “qué”, sino el “cómo”.

Porque cuando los recursos públicos se asignan sin competencia abierta y recaen en organizaciones con claras afinidades políticas, el riesgo no es solo administrativo: es profundamente democrático. Se abre la puerta a la sospecha de que los contratos pueden convertirse en herramientas de influencia, en lugar de instrumentos de política pública.

Y en plena antesala electoral, esa sospecha pesa el doble.

El caso de Pares no es un hecho aislado en el debate nacional. Es, más bien, un síntoma de una tensión estructural: la dificultad histórica del Estado colombiano para separar con nitidez la gestión pública de los intereses políticos.

Por eso, más allá de este contrato puntual, lo que está en juego es algo más grande: la credibilidad del Gobierno en su promesa de cambio.

Porque si el cambio termina pareciéndose a las viejas prácticas —aunque sea bajo nuevas justificaciones—, entonces no estamos ante una transformación, sino ante una repetición con otro discurso.

Y eso, en política, se paga caro.