La declaratoria de emergencia económica, social y ecológica por la ola invernal debía ser una herramienta ágil, técnica y coordinada para responder a una crisis real que afecta a miles de colombianos. Sin embargo, lo que ha encontrado la Contraloría General de la República dista mucho de ese ideal: improvisación, falta de planeación y riesgos serios en el manejo de recursos públicos.

No se trata de un señalamiento menor. El órgano de control advierte vacíos estructurales en los 18 decretos expedidos por el gobierno de Gustavo Petro, especialmente en lo que respecta a la ausencia de un modelo financiero claro. En palabras de la contralora delegada, no existe una planeación que justifique por qué el país necesita recaudar hasta 8,68 billones de pesos. En otras palabras, se pretende recaudar una cifra millonaria sin una hoja de ruta definida.

Esto, en cualquier administración, sería motivo de preocupación. Pero en el contexto de una emergencia, donde cada peso debe responder a una necesidad urgente, la falta de claridad se convierte en un riesgo mayúsculo. No solo por la posibilidad de ineficiencia, sino por el impacto que puede tener en sectores ya debilitados si se reorientan recursos sin criterio técnico.

El problema no termina ahí. La Contraloría también advierte sobre decisiones que podrían generar efectos colaterales graves: desde modificar la operación de embalses sin suficiente sustento técnico, hasta trasladar recursos a entidades que no tienen la capacidad para ejecutarlos. El caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es particularmente preocupante, al concentrar buena parte de los recursos sin que exista claridad sobre cómo los administrará.

A esto se suma un elemento aún más delicado: la creación de nuevos impuestos en medio de la emergencia. Si bien la figura es legal bajo este tipo de declaratorias, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo se garantizará que esos recursos lleguen realmente a los damnificados? La experiencia en Colombia ha demostrado que sin controles robustos, los subsidios pueden terminar en manos equivocadas o diluirse en la burocracia.

La advertencia sobre posibles fallas en la focalización de ayudas, duplicidades e inconsistencias en los registros no es menor. Es, en realidad, una alerta temprana de lo que podría convertirse en un nuevo capítulo de ineficiencia estatal si no se corrige a tiempo.

Pero quizás el punto más crítico es la ausencia de un plan de acción específico articulado con gobernaciones y alcaldías. En un país donde las emergencias se viven en el territorio, excluir o no coordinar adecuadamente con las autoridades locales no solo es un error técnico, sino una desconexión política con la realidad.

El Gobierno aún está a tiempo de corregir. La emergencia no admite improvisaciones ni discursos. Exige rigor, transparencia y, sobre todo, capacidad de ejecución. La vigilancia de la Contraloría no debe verse como un obstáculo, sino como una oportunidad para ajustar el rumbo.

Porque en medio de la tragedia, lo que está en juego no es solo la eficiencia del Estado, sino la confianza de los ciudadanos en que los recursos públicos sí pueden —y deben— llegar a quienes más los necesitan.