En un fallo sin precedentes, la Corte Constitucional ordenó suspender la intervención forzosa impuesta a la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud en abril del 2024. La decisión no solo representa una reivindicación para los directivos de la entidad, sino también un mensaje claro de independencia del alto tribunal frente al Gobierno Nacional, y una señal de alerta sobre los excesos en la ejecución de su política sanitaria.

La Corte concluyó que se violó el debido proceso, y el efecto inmediato es que la EPS, tras más de un año bajo control estatal, debe ser devuelta a sus propietarios. Esta decisión podría marcar el punto de inflexión en lo que algunos expertos consideran una estrategia de desmonte deliberado del modelo de aseguramiento en salud.

Los efectos de esta intervención no fueron menores. Bajo la administración estatal, Sanitas pasó de tener un patrimonio positivo de $21.000 millones en el primer trimestre de 2024, a reportar un déficit cercano a los $1,1 billones un año después. Así lo reveló el informe más reciente de la alianza Así Vamos en Salud. A pesar de la gravedad del deterioro, la empresa mantuvo su operación sobre más de 3.000 IPS, atendiendo a cerca de 5,7 millones de usuarios en 500 municipios del país.

El contexto político es ineludible. Desde el inicio de su mandato, el presidente Gustavo Petro ha expresado su intención de desmontar el sistema actual de EPS. En declaraciones públicas ha planteado que la desaparición progresiva de las aseguradoras privadas es parte de su visión de reforma. Una de sus frases más citadas —“chu chu chu, eso es un dominó”— reflejaba precisamente esa estrategia: dejar caer a las EPS por asfixia financiera para transferir sus afiliados de una a otra hasta colapsar el sistema.

Sanitas, a diferencia de otras EPS como Sura y Compensar que solicitaron voluntariamente su liquidación, decidió enfrentar judicialmente la intervención. Lo hizo en todas las instancias posibles: acudió al Consejo de Estado, interpuso acciones penales contra funcionarios como el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, y promovió arbitrajes internacionales.

El litigio más fuerte se libra en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con una demanda que podría costarle al Estado colombiano más de $5,2 billones si se falla a favor de los inversionistas españoles del Grupo Keralty, matriz de Sanitas. La acusación central es la expropiación ilegal y la violación del principio de trato justo bajo el Tratado de Protección de Inversiones entre Colombia y España.

Mientras tanto, el Gobierno ha mantenido su postura de señalar a las EPS, particularmente a Sanitas, como actores que han abusado de los recursos públicos y que —según palabras del presidente— han “comprado la política” para frenar la reforma a la salud. El viernes pasado, tras conocerse el fallo de la Corte, Petro reiteró estos señalamientos y advirtió que si el Congreso no aprueba su reforma, “el sistema se quiebra”.

El temor que ahora ronda es el estado en el que será devuelta la empresa. El interventor todavía tiene cerca de dos semanas para ejecutar decisiones clave antes de entregar la administración, lo que genera inquietud entre los directivos de Keralty. Además, queda por ver el impacto del daño estructural ocasionado en este tiempo, y si la empresa podrá recomponerse.

Aunque la devolución de Sanitas no resuelve de fondo la crisis del sistema, sí deja claro que hay límites legales que el Ejecutivo no puede ignorar. También reaviva el debate sobre el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el monto que el Estado transfiere a las EPS por cada afiliado. La Corte ya ha exigido al Gobierno su ajuste y pago retroactivo. Hasta ahora, esa orden ha sido ignorada, lo que agudiza aún más la desfinanciación del sistema.

Más allá del triunfo jurídico de Sanitas, el panorama general del sistema de salud sigue siendo frágil. Los pacientes, especialmente los más pobres, son quienes están pagando el costo más alto de esta puja política e institucional.