La tarima de Petro y el rol oscuro de Isabel Zuleta

La imagen fue un insulto para las víctimas: el presidente Gustavo Petro subido a una tarima en La Alpujarra, rodeado de voceros de las bandas criminales que durante décadas han llenado de sangre las comunas de Medellín. No era un acto de reconciliación. Fue un acto político. Un show cuidadosamente montado para disfrazar con la palabra “paz” lo que en realidad es una legitimación peligrosa del crimen organizado.

Y en el centro de esta farsa, aparece la senadora Isabel Zuleta, no como legisladora, sino como operadora de confianza del poder mafioso que hoy se quiere lavar la cara. ¿Desde cuándo el trabajo de una senadora consiste en alertar a capos sobre operativos? ¿Desde cuándo la función de una congresista es llamar a generales y presionar para evitar capturas judiciales?

¿Senadora o vocera de los capos?

Zuleta no es una activista de base ni una mediadora comunitaria. Es senadora de la República. Tiene una curul, una investidura, y una responsabilidad constitucional que no puede esconder bajo el disfraz de “gestora de paz”. Su participación en las mesas de Itagüí, su cercanía con alias “Douglas” y la supuesta interferencia en el operativo contra su hijo y exesposa, no son anécdotas políticas: son posibles delitos. Y hasta ahora, el Congreso guarda silencio.

Si Zuleta efectivamente filtró información sobre las capturas —como sugiere el alcalde Federico Gutiérrez y lo respaldan varias fuentes de prensa—, no solo traicionó a las instituciones. Traicionó a los ciudadanos. Porque en vez de proteger la legalidad, se puso del lado de quienes han sembrado terror en Medellín.

El “tarimazo”: un pacto sin ley

El evento del 21 de junio fue presentado como un símbolo de “paz urbana con transparencia”. Pero la única transparencia fue la puesta en escena de un pacto sin marco legal, sin garantías para las víctimas y sin consecuencias penales para los victimarios. Alias “Yordi” fue liberado por falta de pruebas, pero la Fiscalía sigue investigándolo por lavado de activos. Y sin embargo, ya estaba en tarima, convertido en “actor de paz”.

Esa es la paz según Isabel Zuleta. Una paz hecha con hombres que aún controlan rentas criminales desde la cárcel. Una paz que se diseña a espaldas del Estado de derecho, con llamadas, presiones y favores. Una paz que más parece un trato con el diablo.

¿Y las víctimas?

Ni una sola víctima subió a esa tarima. Ni una. Porque aquí no se trataba de reparación ni de justicia, sino de una narrativa política donde los victimarios son ahora “voceros”. Las madres que han enterrado hijos, los líderes sociales desplazados, los comerciantes que pagan vacunas, no fueron invitados. No se les consultó. No se les tuvo en cuenta.

Para Isabel Zuleta y para este gobierno, la voz de los criminales parece pesar más que la de las víctimas.

¿Qué representa Zuleta?

El problema no es solo ético. Es institucional. ¿Qué representa hoy Isabel Zuleta en el Congreso? ¿A las comunidades o a las estructuras armadas que dicen haber dejado las armas pero no el poder? ¿Es ella la senadora del cambio o la senadora de La Oficina?

No se puede ser congresista de un Estado democrático y al mismo tiempo vocera informal de bandas criminales. No se puede legislar desde el Capitolio y al mismo tiempo intervenir en operativos judiciales, ni legitimar públicamente a quienes tienen procesos abiertos por crímenes financieros o de sangre.

La paz sin justicia es impunidad. Y lo que vimos en La Alpujarra fue precisamente eso: impunidad revestida de acto político.

Medellín no necesita salvadores con prontuario

En entrevistas recientes, alias “Douglas” dice que ya no manda, que está “jubilado”. Pero la evidencia muestra otra cosa. Sus familiares fueron protegidos. Él fue consultado. Sus amenazas tuvieron eco en altos niveles del gobierno. ¿Quién más tiene ese poder si no sigue mandando?

Y aún así, Zuleta lo defiende. Dice que todo es transparente, que todo es legal. Pero no hay nada legal en que un senador impida operativos. No hay nada transparente en que las bandas convoquen gente para llenar la plaza donde el presidente los va a recibir.

¿A dónde vamos?

Si el gobierno realmente quiere paz con estructuras criminales, debe hacerlo con marco legal, sometimiento claro y sin beneficios políticos. Lo demás es un show, una transacción de poder. Y si la senadora Zuleta quiere trabajar por la paz, que lo haga dentro de los límites de la ley. Porque si sigue actuando como emisaria de los capos, tendrá que responder no solo ante la historia, sino ante la justicia.

Medellín merece un camino real hacia la reconciliación. Pero ese camino no pasa por legitimar mafiosos, ni por ignorar a las víctimas. Pasa por justicia, verdad, reparación y un Estado que no negocie su autoridad por una tarima.