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Un problema estructural que amenaza la vida de miles de colombianos

El sistema de salud en Colombia enfrenta su peor crisis en décadas. Clínicas y hospitales en varias regiones del país han comenzado a cerrar servicios esenciales debido a millonarias deudas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), dejando a miles de pacientes sin acceso a atención médica. La situación es alarmante: especialistas sin pago durante meses, servicios de alta complejidad suspendidos y un déficit financiero que, de no resolverse, podría llevar al colapso total del sistema.

Según la firma Sectorial, el déficit del sector salud alcanzará los 33 billones de pesos para finales de 2025, de los cuales 26 billones corresponden al periodo 2023-2025. La crisis es resultado de múltiples factores, como la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el impacto de la pandemia, el atraso en los giros a hospitales y la incapacidad de financiar nuevas inclusiones en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).

Las consecuencias ya se sienten en todo el país. En el Valle del Cauca, el cierre de áreas críticas en clínicas y hospitales, como las unidades neonatales y obstétricas, ha dejado a madres y recién nacidos sin atención o con la obligación de trasladarse a otras ciudades. En Antioquia, 19 clínicas y hospitales han advertido que no tienen recursos suficientes para continuar operando. Mauricio Tamayo, presidente del Hospital San Vicente Fundación, reveló que la deuda total de estas instituciones asciende a 2,3 billones de pesos, una cifra que crece mes a mes sin solución a la vista.

Luis Sánchez, director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado (AESA), señaló que 126 hospitales públicos reportan una deuda acumulada de 1,5 billones de pesos, lo que ha afectado la calidad de los servicios médicos y puesto en riesgo la atención de pacientes en estado crítico.

Las EPS y el Estado: el origen del problema

Las EPS, encargadas de administrar los recursos del sistema de salud, han sido señaladas como responsables de la crisis debido a su incapacidad para pagar a hospitales y clínicas. Sin embargo, las aseguradoras también han denunciado fallas en la asignación de recursos por parte del Gobierno Nacional.

El 47% de la población en Antioquia –más de 3,3 millones de personas– está afiliada a EPS intervenidas por el Estado (Savia Salud, Sanitas, Coosalud y Nueva EPS). Además, Sura, una de las EPS con más afiliados en la región, solicitó su retiro voluntario del sistema hace un año, lo que aumentaría el porcentaje de la población en riesgo al 90%.

A esto se suma el retraso en la entrega de medicamentos por parte del INVIMA, la falta de un control estricto en los costos de tecnologías en salud y la corrupción en la administración de recursos, que se estima en cerca de 2 billones de pesos al año.

Las soluciones en debate: ¿reforma o ajustes estructurales?

Desde su llegada al poder en 2022, el presidente Gustavo Petro ha insistido en la necesidad de una reforma al sistema de salud. Sin embargo, su propuesta ha sido duramente criticada y bloqueada en el Congreso, dejando en el aire cualquier solución estructural.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, propuso una reforma parcial que incluya un aumento en la UPC, el uso de impuestos saludables para financiar el sistema y la creación de una red única de hospitales públicos y privados. Esta estrategia busca garantizar que los recursos sean administrados de manera más eficiente y que los servicios de salud no se vean interrumpidos por la crisis financiera.

Además, expertos en salud han señalado la urgencia de:

• Limitar el gasto público en tecnologías y medicamentos de alto costo.
• Fortalecer la atención primaria y la medicina preventiva.
• Mejorar la coordinación entre el sector público y privado.
• Implementar herramientas de inteligencia artificial y telemedicina para optimizar recursos.

Un llamado urgente a la acción

El colapso del sistema de salud en Colombia ya no es una amenaza lejana, sino una realidad que afecta a millones de ciudadanos. Si no se toman medidas inmediatas, el país enfrentará una crisis humanitaria sin precedentes.

El acceso a la salud es un derecho fundamental y garantizarlo debe ser una prioridad para el Gobierno Nacional, los entes reguladores y las EPS. De lo contrario, la crisis seguirá cobrando vidas y dejando a los colombianos sin la atención médica que merecen.