En política, las lealtades rara vez son gratuitas. Y cuando se cruzan con el petróleo, casi nunca son inocentes. Lo que hoy revelan investigaciones periodísticas sobre el entorno cercano de Gustavo Petro y su esposa Verónica Alcocer no es un episodio menor: es el retrato de una red de relaciones, negocios y silencios que conecta directamente al poder colombiano con el corazón del régimen de Nicolás Maduro.

Dos nombres sobresalen como bisagras de esta historia: Danilo Romero, compadre del presidente, y Manuel “Manel” Grau Pujadas, íntimo de Alcocer. Apenas dos meses después de la elección presidencial, ambos ya estaban tocando las puertas del poder petrolero venezolano. No como observadores, sino como actores interesados en un negocio multimillonario: el control de la producción y eventual exportación de hidrocarburos desde Venezuela hacia Colombia.

No lo hicieron solos. En esa trama aparece David Moreno Comas, socio de Romero, y una constelación de personajes que incluye al empresario venezolano Jesús Velásquez Gamero y al operador político Luis Alberto Salas, señalado como una especie de canciller informal entre Bogotá y Caracas. No es una exageración: Salas aparece en reuniones diplomáticas, en comitivas oficiales y en espacios donde se cocinaban decisiones estratégicas.

Las imágenes son elocuentes. Romero, Grau y Moreno reunidos en Caracas con Asdrúbal Chávez, primo del fallecido Hugo Chávez. También con Tareck El Aissami, figura clave del chavismo caída luego por escándalos de corrupción. Y, quizás más revelador aún, con los militares de Camimpeg, la empresa creada por Maduro para poner la industria petrolera bajo control directo de las Fuerzas Armadas.

No eran reuniones protocolarias. Eran negocios.

Para entrar a ese mundo, el grupo utilizó una arquitectura empresarial calculada. La empresa Colven Business & Corp, fundada por Romero, funcionó como vehículo principal. Pero en lugar de mostrarse directamente, operaron a través de Venecol Oil & Gas, ligada a directivos de Canacol Energy. El esquema era claro: Venecol ponía el nombre y la cara; Colven, en la sombra, aportaba las “relaciones comerciales”. A cambio, un 15% de las utilidades.

Una estructura clásica de poder real sin exposición pública.

Mientras tanto, los vínculos políticos no eran un accidente. Grau fue nombrado en la junta de una entidad estatal colombiana. Romero financiaba viajes de la familia presidencial. Y figuras clave del gobierno, como Ricardo Roa, aparecían en fotografías junto a varios de los protagonistas, en momentos en que ya se movían los intereses petroleros.

El caso de Moreno añade una capa aún más inquietante. Su entorno familiar aparece vinculado a presiones para direccionar contratos dentro del Grupo Ecopetrol, con el argumento de cubrir deudas de campaña. La frase grabada a su hermano es brutal en su franqueza: los compromisos políticos se pagan con contratos.

Aquí no estamos ante simples coincidencias ni amistades incómodas. Estamos frente a una posible captura privada de decisiones estratégicas del Estado, en un sector —el energético— que define la soberanía económica del país.

Y todo esto ocurre mientras el gobierno de Petro avanza en la reanudación de relaciones energéticas con Venezuela, incluyendo la importación de gas a través del gasoducto Antonio Ricaurte. Una decisión que, en el papel, puede tener lógica económica, pero que en este contexto levanta una pregunta inevitable: ¿quiénes se benefician realmente de esa integración?

El presidente ha optado por una defensa técnica y distante: dice que no puede emitir juicios sobre terceros. Pero el problema no es de opiniones. Es de hechos, de vínculos, de coincidencias demasiado precisas en tiempo, lugar y beneficio.

Porque cuando los amigos del poder negocian con un régimen cuestionado, cuando aparecen contratos, fotos, empresas cruzadas y operadores políticos en la sombra, la línea entre lo público y lo privado deja de ser difusa y empieza a ser peligrosa.

Colombia merece respuestas. No evasivas.

Y sobre todo, merece saber si su política energética se está definiendo en los despachos institucionales… o en las salas de juntas donde se mezclan negocios, poder y lealtades personales.