La seguridad de un país no debería ser un asunto de apellidos, sino de estrategias. Sin embargo, en Colombia, la línea que divide los intereses del Estado y los negocios de los «círculos cercanos» parece volverse cada vez más borrosa. La reciente revelación de El Colombiano sobre un contrato de $6.2 billones de pesos para el «Escudo Nacional Antidrones» pone bajo la lupa nombres y empresas que ya han transitado por los pasillos de la Fiscalía.

Los nombres en el tablero

Tras esta multimillonaria operación no solo está la sombra política del ministro del Interior, Armando Benedetti, sino un engranaje familiar y empresarial con historial en el sector defensa. El protagonista central es su hermano, Camilo Ernesto Benedetti, socio de la firma estadounidense Force Improvement LLC.

Pero el rastro no termina ahí. La investigación señala a Carlos Alberto Dada Barguil, excuñado de Camilo Benedetti, como el presunto gestor que estaría impulsando los intereses de la compañía turca MKE Corporation ante el Gobierno Nacional. Resulta alarmante que, mientras el ministro denunciaba hostigamientos en su residencia, su círculo íntimo se movía en las altas esferas del Ministerio de Defensa para concretar este «blindaje» aéreo.

El vehículo de la contratación: Codaltec

Para evitar el escrutinio de una licitación pública tradicional, el esquema utilizaría a la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa (Codaltec). Al ser una entidad con régimen especial de contratación, permite la firma de convenios interadministrativos que terminan en adjudicaciones «a dedo».

Bajo este modelo, Codaltec podría cobrar hasta un 14% del valor total del contrato solo por conceptos de administración, una cifra astronómica si consideramos que el proyecto busca enfrentar las amenazas del ELN, el Clan del Golfo y las disidencias con tecnología extranjera traída por intermediarios locales.

Un historial que se repite

No es la primera vez que la firma Force Improvement LLC y los hermanos Benedetti aparecen en el radar judicial. Ya en el pasado, el exviceministro de Defensa, Ricardo Díaz, entregó testimonios a la Fiscalía sobre presuntas presiones y ofertas de dádivas (se habla de hasta $700 millones) relacionadas con la compra de helicópteros. En aquel entonces, nombres como el del coronel (r) Eduardo Mejía y Camilo Torres Méndez también fueron vinculados como parte del grupo que buscaba influir en las decisiones de compra del Ministerio.

La lupa de la justicia

La transparencia no es un favor; es una obligación. Si bien el Ministerio de Defensa sostiene que el proceso está en «fase inicial», los memorandos de entendimiento ya firmados cuentan otra historia. La Fiscalía General de la Nación y la Contraloría tienen el deber de vigilar que este escudo contra drones no sea, en realidad, un escudo para proteger comisiones privadas.

Colombia no puede permitir que la urgencia por la seguridad nacional se convierta en la oportunidad dorada para que empresas como Force o intermediarios con acceso directo a la Casa de Nariño sigan lucrándose a costa del erario.