El Gobierno de Guatemala rechazó con firmeza la decisión del Ministerio Público de ese país de emitir órdenes de captura contra el embajador colombiano Iván Velásquez y la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, por su supuesta vinculación en el caso Odebrecht. La respuesta oficial, divulgada en la noche del lunes 2 de junio, advierte que estas acciones carecen de base legal y constituyen un “irresponsable y espurio acto” que pone en riesgo las relaciones diplomáticas y el respeto al derecho internacional.

Según el comunicado del Ejecutivo guatemalteco, estas medidas “vulneran el Acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala sobre la creación de la CICIG” —Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala— y contravienen los principios fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA).

La acción judicial fue anunciada por el fiscal Rafael Curruchiche, quien encabeza la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Curruchiche afirmó que Velásquez y Camargo están siendo investigados por presunta “asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión”, y solicitó la activación de una alerta internacional de captura ante Interpol.

No obstante, el gobierno guatemalteco advirtió que estas acusaciones tienen un “objetivo político evidente”, y criticó lo que considera una instrumentalización del sistema judicial por parte del Ministerio Público, liderado por la fiscal general Consuelo Porras —sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por actos de corrupción—. La administración guatemalteca aseguró que ya se ha entablado diálogo con Colombia para preservar las relaciones bilaterales y evitar daños a la “honra nacional”.

Desde Colombia, la Cancillería también se pronunció de forma contundente. La ministra Laura Sarabia calificó de “inadmisible” la orden de captura y expresó “profunda preocupación” por lo que considera una grave desviación de los estándares internacionales de justicia. “Esta acción, sin sustento jurídico, vulnera los principios fundamentales de la justicia internacional”, indicó en su cuenta de X (antes Twitter).

Por su parte, Iván Velásquez, exjefe de la CICIG y actual embajador en Bogotá, señaló directamente a las autoridades guatemaltecas: “La corrupta fiscal general y su fiscal Curruchiche —ambos sancionados por EE. UU. y la UE— extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí”.

Velásquez también expresó su solidaridad con los exfuncionarios guatemaltecos que han sido obligados al exilio por denuncias similares, y reafirmó su compromiso con la lucha anticorrupción en América Latina. Camargo, actual fiscal general de Colombia, hizo parte del equipo de investigación de la CICIG, que durante años reveló redes de corrupción de alto nivel en Guatemala.

La controversia pone en evidencia el choque entre las fuerzas institucionales guatemaltecas: por un lado, una Fiscalía señalada por la comunidad internacional de socavar el estado de derecho; por el otro, un gobierno que busca preservar la legitimidad democrática y la cooperación judicial con aliados estratégicos como Colombia y las Naciones Unidas.